La AN aprobó acuerdo por los derechos de jubilados y pensionados 

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En sesión ordinaria de este martes la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo para consignar ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe sobre la situación de los jubilados y pensionados en Venezuela y en el exterior.

El acuerdo aprobado hace énfasis en la vulneración de los derechos de los jubilados y pensionados ante las acciones contrarias recibidas por parte del régimen de Nicolás Maduro.

De igual forma el texto señala desconocer la modificación estatutaria de APJ PDV de noviembre del año 2014, por resultar inconstitucional y que ordene el pago regular de los intereses acumulados por Pdvsa de acuerdo a los planteamientos de los ex trabajadores afectados, así como la entrega de los estados financieros del fondo de pensiones APJ PDV del 2016 al 2019.

Asimismo se establece el compromiso de AN presidida por Juan Guaidó para reformar la legislación pertinente que conduzca a otorgar el 100 por ciento del último salario a los jubilados de la administración pública, una vez cumplidos los requisitos de antigüedad y lo establecido en su sector laboral.

El acuerdo insta a realizar los impulsos necesarios de cara al nuevo gobierno democrático, para la aprobación de la Ley de Pensiones que incluya la creación de fondos suficientes que puedan garantizar pensiones dignas a las generaciones futuras.

Acciones en la calle

«El Parlamento Nacional no puede permitir la gran desigualdad que vive Venezuela y que el trabajo honesto siga siendo mal pagado y sea una causa para morir de hambre, mientras que un grupito se sigue enriqueciendo aferrado al poder, solo por un dinerito que se meten al bolsillo”, dijo el diputado por el estado Carabobo, Marco Bozo, durante la discusión del acuerdo.

Bozo exhortó a la AN en continuar acompañando a la gente en las calles, para ejercer la presión interna con el objetivo de establecer el orden democrático e institucional, con el fin de poder brindarle la justicia social al pueblo venezolano.

Indicó que el acuerdo se llevó a cabo gracias a los jubilados y pensionados de Pdvsa, Cantv, CVG y de las distintas empresas públicas que aún siguen luchando con el propósito de canalizar muy pronto la justicia social.

“Vemos como le fueron robados al Fondo de Pensiones de Pdvsa más de tres mil millones de dólares  a través de una modificación  estatutaria, una viveza de las que hace el régimen de Nicolás Maduro; es por ello que debemos continuar con la presión a través de la movilización de la calle», agregó el legislador.

Para continuar con el debate, el diputado por el estado Aragua, Arnoldo Benítez, recordó que en marzo del año 2016 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados y en diciembre del año 2018 fue sancionada la Ley Especial del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez no Contributivo, con el objetivo de garantizar a los adultos mayores la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

Benítez aseguró que el régimen de Maduro ha impedido el avance de las referidas leyes al oponerse a su ejecución y recordó que desde diciembre de 2015 los pensionados que se encuentran en el exterior dejaron de percibir sus pensiones porque así lo decidió la administración chavista.

Enfatizó que los jubilados en Venezuela pierden los beneficios que obtuvieron cuando eran trabajadores activos, disminuyendo sus ingresos a cantidades insuficientes para vivir.

Ante lo expuesto el parlamentario le solicitó a la AN asumir el compromiso de garantizarle a todos los adultos mayores en Venezuela y a los que se encuentran en el exterior la cancelación de las deudas existentes, así como la mejora sustancial de los montos de las pensiones.

Antes de finalizar la sesión telemática el diputado por el estado Zulia, Héctor Vargas, indicó que la AN debe asumir el compromiso de procurar los recursos para garantizar las sostenibilidad del Fondo de Pensiones del sector público y ejecutar las acciones necesarias para extender la solidaridad social a los sectores excluidos de la protección que merecen.

Vargas consideró la necesidad de una asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en conjunto con los actores sociales, en base a una dirección tripartita de la seguridad social. “La Fracción de Un Nuevo Tiempo apoya el referido acuerdo, porque cumple los aspectos formales de la cara al nuevo gobierno”, enfatizó.

Con información de Prensa Asamblea Nacional