Amnistía Internacional: Cualquier afección en Venezuela puede ser letal

Agencias

La herida en Venezuela se hace más profunda con el paso de los años. Ya son 4,7 millones las personas que han tenido que emigrar del país durante los últimos cinco años debido a la crisis económica, política y social que se vive. De los que se han quedado, alrededor de 7 millones precisan de ayuda humanitaria y 6,8 millones sufren de desnutrición, revela el último informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, presentado el jueves en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social de Lima, Perú.

Para la exposición del reporte llegó a Perú, Carlos Lusverti, abogado, activista por los derechos humanos desde 1996 y representante de Amnistía Internacional en Venezuela, quien conversó con El Comercio para dar más detalles al respecto.

—Ha estado involucrado en el tema de derechos humanos desde que tenía 17 años, ¿cuánto han cambiado las cosas en todo este tiempo?

—La situación en Venezuela hay que verla por momentos. Incluso desde antes del cambio institucional que se dio en 1999 con la nueva Asamblea Constituyente el país tenía una serie de deficiencias en materia de derechos humanos. Algunas eran gravísimas, como deudas pendientes a casos que fueron conocidos y sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para mencionar los más (conocidos): el Caracazo, la Masacre de El Amparo y la Masacre del Retén de Catia. Son situaciones que incluso hoy en día permanecen impunes. En el año 1999, con la nueva Constitución, se incluyen una serie de medidas y reformas con los que mucha gente esperaba que progresara la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, el reconocimiento de una serie de derechos que habían tenido un desarrollo incipiente con la Constitución anterior. Sin embargo, si miramos al 2020, vemos que muchas cosas recogidas en la Constitución de 1999 están en condición de incumplimiento igual o peor que con la anterior.

—¿Por ejemplo?

—La Constitución de 1999 recogió muchos reclamos y expectativas de organizaciones civiles que actuaban en mecanismos internacionales de protección como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana o las Naciones Unidas. Esto estuvo recogido en artículos importantes como el famoso 23, el 22 o los artículos 30 y 31, que reconocen la posibilidad del acceso a mecanismos internacionales de protección. Veinte años después vemos cómo en Venezuela se persiguen a las personas u organizaciones que defienden los derechos humanos, se les acusa de desestabilizar al país. En esta misma lógica, y parece un poco irónico, vemos que conforme se ha desarrollado un músculo de sociedad civil muy importante en materia de reclamos, en esa misma lógica las autoridades han sido cada vez más resistentes al respeto del derecho al escrutinio público y la participación de la sociedad civil independiente.

—¿Cómo se enfrenta al asedio del régimen y cómo se llega a elaborar este tipo de informes?

—La situación para los defensores de derechos humanos en Venezuela es sumamente compleja y delicada. Desde campañas de estigmatización, señalamientos de altos funcionarios del gobierno como el propio Nicolás Maduro, el presidente de la asamblea nacional constituyente u otros ministros que han señalado con nombre y apellido a activistas y organizaciones históricas. Esto va desde la descalificación por redes sociales o programas de televisión en el sistema nacional de medios públicos hasta casos más complejos como la detención de defensores y defensoras de derechos. Un informe así se realiza con muchísima complejidad, porque requiere data del Estado. El problema es que el Estado venezolano ha venido haciéndose cada vez más cerrado al escrutinio público. Es irónico porque la Constitución tiene un marco que reconoce el derecho a la participación y acceso de información, pero las negativas reiteradas de los funcionarios a rendir cuentas sobre su gestión no la practican. Lo que siempre decimos a las autoridades es que no estamos enfrentadas al gobierno, sino que nuestro trabajo es señalar las debilidades en materia de derechos humanos que pueden tener las políticas públicas que se están implementando. Otro caso gravísimo son las ejecuciones extrajudiciales o presuntas ejecuciones extrajudiciales.

—Hablemos un poco de las cifras más alarmantes del informe…

—Lo que documentó la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU el año pasado, donde el propio Estado tuvo que reconocer que hubo más de 1.500 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio de ese año, atribuidas fundamentalmente a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. La mayoría de los casos se mantienen impunes, no se han judicializado, las víctimas cuando tratan de acceder a la justicia se encuentran con una serie de obstáculos, es un problema que data de antes de 1999. La crisis en Venezuela no empezó en 2018 o 2017, la migración es el síntoma de una situación que venía ocurriendo desde antes. Si miras los informes de Amnistía y otros organismos, daban cuenta de cómo el déficit institucional y de la garantía en los derechos se empezaba a hacer presente desde 2000 y 2001.

—Ustedes denuncian que el régimen no solo oculta, sino que manipula las pruebas. ¿Esto constituye un delito?

—Desde el punto de vista de todas las presuntas ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, la información de las organizaciones que acompañaron a las víctimas dan cuenta de que no solo hay obstáculos al derecho de la víctima de ser parte del procedimiento o asegurarse de que la investigación se está dando como debería, y más tarde la imparcialidad de los tribunales. Se ha denunciado la manipulación de la evidencia, la alteración de los exámenes médicos forenses en casos de tortura, pero al frente está el uso de amenaza frente a los funcionarios técnicos para manipular la investigación o garantizar impunidad. Hay casos de ex funcionarios que han declarado que fueron sometidos a presiones de sus superiores o de los órganos de investigación para alterar las pruebas y acusar a ciertas personas. Hay procesos plagados de irregularidades y terminan condenando a las propias víctimas o se extienden por largos periodos. Los casos de los funcionarios acusados de tortura terminan recibiendo sanciones muy leves.

—A finales del año pasado se habló de un supuesto repunte económico, ¿qué fue eso?

—Es la visión de una sección de la ciudad de Caracas. Uno siempre debe discutir que Caracas no es la foto de Venezuela, y la foto de un sector de Caracas no es ni siquiera la foto de la capital. Que un pequeño sector de la población haga una demostración de poder económico no implica, como lo podemos ver hoy en día, que el resto del país esté en esa situación. Mientras tenías esa burbuja de bonanza, en las periferias de la ciudad seguían falleciendo por faltas de medicamentos o no podían comprar lo necesario para que comieran en su hogar. Y si lo llevas al resto del país, la situación se hace peor. Hay que ver la película completa.

—Por estos días se habla de los brotes de coronavirus en el mundo y del dengue en la región, ¿cuáles son las enfermedades más letales en Venezuela en medio de la crisis?

—La verdad es que en Venezuela cualquier afección puede ser letal si es que la persona, como en la mayoría de los casos, no tiene los recursos para acceder a los servicios privados de salud. Los servicios públicos no están dotados en condiciones, probablemente el ejemplo más grotesco sea el Hospital de Niños J. M. de los Ríos, que ha recibido medidas cautelares de la CIDH y sigue en un estado realmente lamentable. Hay denuncias porque los equipos no funcionan y las autoridades del centro persiguen a las organizaciones civiles que intentan dar asistencia a los niños y niñas que están ahí recluidos. Imagina el problema que significa para quienes tienen que viajar desde el interior para que sus hijos sean atendidos. Por supuesto que enfermedades que habían sido erradicadas en el país y en la región están reapareciendo por las deficiencias en los programas de vacunación o de atención. La OMS y la OPS han reflejado cómo problemas como el paludismo (malaria) han reaparecido en Venezuela porque se han dejado de lado medidas que se tomaban desde hace 40 años; eso termina convirtiéndose en un problema sanitario regional. La tozudez de las autoridades de resistirse a la ayuda internacional, a la cual tiene derecho la ciudadanía, se debe a que desconocen la crisis y se niegan a acudir a los fondos internacionales. Pero, por supuesto, parte del problema pasa porque esto no solo consiste en la transferencia de fondos, al ser una emergencia humanitaria compleja se contempla la opacidad en el manejo de los fondos y los riesgos de que puedan desviarse hacia caminos incorrectos. La sociedad civil solicita la entrada de los actores humanitarios de un modo imparcial, independiente y neutral. Eso es fundamental para poder superar la crisis.

—Hace poco más de un año Juan Guaidó saltó al primer plano político. ¿Ha conseguido alguna victoria en el campo de los derechos humanos?

—Desde el punto de vista de Amnistía Internacional, el gobierno de Maduro ha tenido una política de acoso y persecución a la disidencia en general y a la disidencia política con mayor intensidad. Desde el año 2016 se ha perseguido con mucha fuerza a los parlamentarios electos por la oposición, es el caso del diputado Gilber Caro o Juan Requesens que se encuentra detenido en una serie de circunstancias que han impedido el debido proceso. Desde ese punto de vista, lo que también podemos ver en el seguimiento que hacemos es que la situación de los derechos no sólo no mejora, sino que se agrava.

—En el caso puntual de Guaidó, se vio un apoyo internacional sin precedentes. ¿Tuvo algún impacto?

—Hay información sobre fondos habilitados, pero en la medida en que el gobierno de Maduro es quien ejerce el control de las fronteras y tiene los recursos para permitir o no el ingreso de estos, tiene que participar del proceso y acceder. Luego la ayuda que puede realmente (solucionar) la crisis en Venezuela es la ayuda organizada en la comunidad internacional (con base en) los principios de neutralidad. No es una ayuda vinculada específicamente a una opción política, es que los actores políticos entiendan que la acción humanitaria debe ser independiente, imparcial y neutral; y que debe estar enfocada en la superación de la crisis de derechos humanos y no en la pelea política. Desde el punto de vista de Amnistía, está claro que el centro de las políticas públicas deben ser los derechos humanos, no de quién sea el artífice de la ejecución de esas políticas. Las autoridades, cualquiera que sean, deben tener un compromiso claro por hacer cumplir los compromisos internacionales.

—»El sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a entidades gubernamentales afectó a la capacidad de las ONG de emplear sus fondos libremente», según el informe. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿La cura resultó peor que la enfermedad?

—Si bien es cierto, las sanciones no son la causa de la crisis, como las autoridades lo quieren hacer ver. Estas aparecen con fuerza en 2019, pero la crisis data de mucho antes. Sin embargo, tampoco los sanciones han ayudado a resolver la crisis. La excesiva prudencia de parte del sistema financiero o los actores del proceso los lleva a limitarse por temor a ser víctimas de las sanciones. Esta autolimitación con respecto a intervenir en procesos hacia Venezuela está limitando a las organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos para seguir haciendo su trabajo.

—Oficialmente se calcula en 4,7 millones los venezolanos que han migrado. ¿Se conoce el número real, tomando en cuenta que existiría una cifra negra?

—Es muy difícil establecerlo, básicamente por dos premisas: una es que este número que se maneja desde la Acnur y la OIM está construido con personas que han tenido cierta proximidad con las autoridades; ciertamente hay personas que deciden invisibilizarse o la misma forma en la que salieron los invisibilizó. Por otro lado, este número que se maneja se lleva desde hace algunos años, cuando el síntoma de la migración se hizo mucho más visible, sin embargo, muchos migraron antes y también deberían ser considerados en la lista.

El Nacional