Amnistía Internacional Venezuela: La política de la represión continuó
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El informe anual de la organización Amnistía Internacional en su capítulo dedicado a los derechos humanos en Venezuela (2022) expuso lo siguiente, «La política de represión continuó.
«Quienes pertenecían o parecían pertenecer a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos».
El capítulo Venezuela devela que, la falta de acceso a derechos económicos y sociales continúa siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufre inseguridad alimentaria grave y no tiene acceso a una atención médica adecuada.
Con respecto a la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado el informe determinó que estos respondieron con fuerza excesiva y otras medidas represivas a protestas por reclamos de derechos económicos y sociales, incluido el derecho al agua, en las que participaron diversos sectores de la población. «Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales continuas que cometían las fuerzas de seguridad. Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro».
Un informe de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reveló patrones de crímenes de lesa humanidad y pidió que se investigara a varios cargos gubernamentales identificados.
Las condiciones penitenciarias siguen siendo un importante motivo de preocupación, especialmente en relación con el hacinamiento y el uso de centros de detención ilegales, así como con el acceso a derechos fundamentales tales como el agua y la alimentación. Pese a la aprobación de reformas jurídicas relativas a la administración de justicia, las víctimas siguen teniendo dificultades para acceder al derecho a verdad y reparación.
Entre 240 y 310 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos en 2022. En ese año el Estado dirigió sus políticas represivas contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos.
La minería ilegal y la violencia se agudizó en los pueblos indígenas quienes vieron vulnerados sus derechos en el Arco Minero del Orinoco.
Leyes como la legalización del aborto no se trataron y sigue penalizado en casi todas las circunstancias. Aumentó la violencia contra las mujeres, pese al marco jurídico existente. No se avanzó en garantizar los derechos de las personas LGBTI. Al terminar el año, más de 7,1 millones de personas venezolanas habían huido del país.
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