Alzamientos, bombas y apagones: a un año de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro
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Luego de ilegalizar a la MUD, Voluntad Popular y Primero Justicia, la asamblea constituyente ordenó adelantar los comicios presidenciales que tocaban en diciembre. La oposición no participó y 50 países rechazaron el proceso, la reelección de Nicolás Maduro en estas condiciones disparó la confrontación y condujo al país a un estado de crispación
El 20 de mayo de 2018 se consumaron unas elecciones presidenciales adelantadas que ordenó convocar la Asamblea Constituyente (ANC) y a las que la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participó por no reconocer el órgano que se declara plenipotenciario y supraconstitucional, y también debido a que la situación derivada de los ataques a los partidos políticos y el cuestionamiento del máximo organismo comicial hicieron determinar que no había condiciones para un proceso electoral transparente.
Desde la propia elección de la ANC -que fue convocada por el presidente y no por el pueblo-, la oposición cuestionó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio a conocer unos resultados donde ocho millones de electores habrían votado por los candidatos del chavismo (únicos en competir); números que la propia empresa encargada del proceso automatizado del organismo, Smartmatic, aseguró días más tarde a la elección que no correspondían con los registrados por el sistema.
En diciembre de 2017, Nicolás Maduro había pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionar a los partidos políticos que no participaron en los comicios de alcaldes realizados el 9 de diciembre. En atención a esto, la ANC respondió ordenando la relegitimación de cinco organizaciones con fines políticos: Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Puente.
La ANC se basó en una sentencia emitida por el TSJ en enero de 2016 que interpretó el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
El artículo establece que “los partidos políticos nacionales renovarán, en el curso del año en que comience cada período constitucional su nómina de inscritos en el porcentaje del 0,5% en la forma señalada en esta Ley para su constitución”, (trámite que ya habían cumplido las organizaciones), y además contiene un parágrafo único, en el que ordena que las organizaciones que no hayan obtenido en las elecciones nacionales correspondientes el 1% de los votos emitidos tendrían también que efectuar la renovación; que fue el punto en el que se basó la ANC para ordenar la renovación, a pesar de la elección de alcaldes es un proceso local y no nacional.
En este sentido, la ANC ordenó que los partidos Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Mesa de la Unidad Democrática y Partido Unión y Entendimiento Nacional (Puente) debían ir a un nuevo proceso de legitimación.
Días más tarde, el organismo anunció que la MUD, el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia de Venezuela, no podría participar en el proceso, esto para impedir la doble militancia. Las organizaciones Puente y VP rechazaron participar del proceso. PJ, aunque en principio indicó que no acudiría, luego lo hizo al ilegalizarse la MUD, pero no logró el número de firmas.
Toda esta situación desembocó en que la oposición argumentara que no había condiciones para acudir a un proceso electoral justo y transparente. Maduro obtuvo 6,24 millones de votos, 67,84% de la votación total. El disidente del chavismo Henri Falcón sacó poco más 1,92 millones de votos y el predicador evangélico Javier Bertucci algo más de 1,01 millones.
Las reacciones fueron inmediatas; diversos países, principalmente EEUU y los que integran la Unión Europea, manifestaron no reconocer el proceso electoral, como no lo harían con respecto al nuevo período de Nicolás Maduro.
Los sobresaltos comenzaron en agosto, cuando en ocasión de un desfile militar en la avenida Bolívar de Caracas se produjo un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Dos drones cargados con explosivo C4 explotaron ese día, uno de ellos, cerca de donde el mandatario ofrecía su discurso. El gobierno acusó a la oposición de planificar el hecho, lo que devino en que el diputado Julio Borges quedó en el exilio y Juan Requesens fue puesto preso sin atender la inmunidad parlamentaria que protege a los parlamentarios.
El CNE convocó a elecciones de concejos municipales, pendientes desde 2017 cuando se realizaron las de alcaldes. Los comicios se efectuaron el nueve de diciembre. Los principales partidos de la oposición no concurrieron; participaron en determinados municipios algunos sectores de la oposición. La consecuencia fue que el chavismo arrasó en las votaciones, obteniendo 142 de 156 cargos adjudicables y logrando arrebatar a la oposición un bastión importante como fue el concejo municipal de Baruta, en el este de Caracas.
Confrontación
El año 2018 cerró con un chavismo que lucía poderoso y una oposición que parecía derrotada totalmente. Pero la confrontación política se reavivó a partir del cinco de enero de 2019, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), y advirtió que Nicolás Maduro estaría usurpando el cargo del Ejecutivo a partir del 10 del mismo mes, cuando vencía el período constitucional.
El 23 de enero Guaidó se juramentó presidente encargado de Venezuela. EEUU y otros países (los mismos que no reconocieron las elecciones del 20 de mayo) expresaron su respaldo al titular de la AN. Maduro rompió relaciones con EEUU y ordenó el desalojo de la embajada de ese país, lo que se cumplió un día después.
A partir de allí los eventos se sucedieron de manera vertiginosa. Un comando de la Guardia Nacional (GN) se alzó en Cotiza; el ex jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Hugo “el pollo” Carvajal, se puso del lado de Guaidó; la comunidad internacional intentó ingresar al país varios cargamentos de alimentos y medicinas pero el gobierno lo impidió, y militares venezolanos desertaron y se fueron a Colombia y Brasil
La tensión llegó al máximo cuando el 23 de febrero se esperaba por la ayuda humanitaria y la posibilidad de una acción unilateral de EEUU de invocar la responsabilidad de proteger (R2K) y hacer ingresar dicha ayuda a través de una intervención militar. El gobierno mantuvo bloqueada la frontera y la ayuda no ingresó, pero se produjeron enfrentamientos entre grupos de opositores y grupos armados afines al chavismo en las zonas fronterizas.
En marzo, con el país aún a la expectativa ante la confrontación política se produjo el más grande apagón eléctrico en la historia del país. Caracas estuvo cuatro días sin servicio eléctrico y algunas zonas de la ciudad llegaron a cinco y seis días sin el suministro. En el interior del país el servicio se hizo intermitente, siendo los estados Lara, Táchira y Zulia los que llegaron a la situación más grave por la ausencia prolongada del servicio.
Consecuencia de la falla fue que se produjo la escasez de agua potable y los ciudadanos de Caracas y el interior del país tuvieron que hacer largas colas para lograr abastecerse del líquido: comenzaron a proliferar enfermedades como la hepatitis y las diarreas, aunque sin estadísticas oficiales
Llegó finalmente la “operación libertad”, cuando el 30 de abril un grupo de unos 50 militares apareció con Guaidó y un Leopoldo López liberado de su arresto domiciliario en los alrededores de la base aérea de La Carlota llamando a la insurrección contra Nicolás Maduro. El líder de los sublevados habría sido el entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Manuel Christopher Figuera.
La arremetida del Ejecutivo fue, a través de la ANC, allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados a la AN. El primer vicepresidente del Legislativo, Édgar Zambrano, fue detenido dentro de su propio carro y llevado a las instalaciones del Sebin en el Helicoide, donde aún sus familiares no han podido verlo; Richard Blanco se refugió en la embajada de España; Américo de Grazzia y Manuela Magallanes lo hicieron en la de Italia; Winston Flores huyó a Chile y Luis Florido a Colombia.
Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder luego de un año de sobresaltos, pero la situación del país empeora cada día más y la sombra de una acción militar extranjera o una fractura en la Fuerza Armada sigue erguida sobre la nación.
Hay movimientos en el exterior y también en el interior del país que buscan propiciar la negociación de unas elecciones generales supervisadas por la comunidad internacional para dar fin a la crisis, pero la voluntad política para hacerlo luce ausente. Un nuevo año comienza para la gestión de Maduro, pero con una economía en ruinas y con una Fuerza Armada que ha sufrido tantas deserciones que su solidez ya no luce como a finales de 2018.
Con información de: Tal Cual
