Almagro rechazó la ocupación de la oficina de la OEA en Nicaragua
EFE
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha considerado «absolutamente despreciable» la ocupación policial de la oficina del organismo en Managua por orden del Gobierno nicaragüense.
Almagro se pronunció así en una carta dada a conocer este martes y que envió ayer lunes a la embajadora ante la OEA de Santa Lucía, Elizabeth Darius-Clarke, que ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo Permanente del organismo.
«La acción llevada a cabo por el Gobierno nicaragüense es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, la misma constituye una acción de violencia y es atentatoria de la normativa internacional. En ese sentido la condenamos y repudiamos», afirmó Almagro.
El domingo, la Policía de Nicaragua ocupó la sede de la OEA en Managua después de que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, apareciera en la televisión nacional para cargar contra la OEA, a la que considera un «instrumento del imperialismo yanqui», y ratificar su deseo de salir del organismo.
El Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha asegurado en los últimos días que ha logrado «expulsar» a la OEA; pero Almagro argumenta en su misiva que Nicaragua está sujeta a los compromisos que ha suscrito con el organismo y debe respetarlos, por lo que no puede legalmente expulsar al organismo.
En su misiva, Almagro denunció que, durante la ocupación de la sede de la OEA, la Policía nicaragüense se apoderó de los archivos de los diplomáticos y del resto del material que allí estaba.
«Nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua. Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora», subrayó el secretario general.
Las tensiones entre el Gobierno nicaragüense y la OEA se incrementaron a raíz de la ola de manifestaciones de 2018 que sacudieron Nicaragua con peticiones para que renunciara Ortega y acabaron con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.
Después de muchas condenas, la OEA inició en 2019 el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que contempla la posibilidad de suspender a un Estado cuando se produce una «alteración de su orden constitucional».
Las gestiones no avanzaron por desacuerdos internos en el bloque hemisférico, pero mantuvieron la presión sobre Ortega.
La situación llegó a un punto límite cuando la OEA rechazó la legitimidad de las elecciones de Nicaragua en noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su cuarto mandato consecutivo.
En reacción, el Gobierno nicaragüense anunció su retirada del organismo y denunció la Carta de la OEA, el documento fundacional del organismo firmado en 1948.
Según el reglamento del organismo, cualquier país que renuncia a la Carta de la OEA tiene que esperar dos años para que la retirada se haga efectiva.
