Almagro: Listo informe sobre crímenes contra el pueblo pemón
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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó este lunes sobre la culminación del informe sobre represión sistemática y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Pemón en Venezuela.
«Secretaría General @OEA_oficial y @caslainstitute culminamos informe sobre represión sistemática y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Pemón de #Venezuela. La @IntlCrimCourt debe investigar estos y todos actos criminales cometidos x la dictadura», informó a través de Twitter.
Secretaría General @OEA_oficial y @caslainstitute culminamos informe sobre represión sistemática y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Pemón de #Venezuela. La @IntlCrimCourt debe investigar estos y todos actos criminales cometidos x la dictadura https://t.co/MKG5TGZp5X pic.twitter.com/fquRuM20Tg
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 8, 2019
A continuación el informe:
REPRESIÓN SISTEMÁTICA Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD CONTRA EL PUEBLO PEMÓN DE VENEZUELA
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) e Instituto CASLA RESUMEN EJECUTIVO
8 de julio de 2019
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto CASLA, han elaborado un primer informe técnico sobre los hechos cometidos por el Régimen de Nicolás Maduro, ocurridos los días 22 de Febrero y siguientes de 2019 en el Municipio Gran Sabana del estado Bolívar, donde distintas comunidades de la etnia Pemón y los habitantes de la capital del municipio, Santa Elena de Uarién, fueron objeto de un ataque militar desmedido y cruel, así como de un desplazamiento forzoso, dentro del marco de la represión sistemática que el régimen de Nicolás Maduro mantiene contra la mayoría de la población venezolana, que tanto la Secretaria General de la OEA, como el Instituto CASLA han denunciado como posibles crímenes de lesa humanidad.
El informe fue elaborado sobre la base de entrevistas directas con víctimas, familiares de las víctimas, testigos, perpetradores y otra información recabada por un equipo técnico SG/OEACASLA durante una visita a la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela, los días 23 a 27 de abril de 2019. El informe completo se entregará a la Corte Penal Internacional como otro insumo dentro del examen preliminar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió sobre la situación en Venezuela el 8 de febrero de 2018.
Este resumen ejecutivo del informe, que se da a conocimiento público, ha sido redactado para no revelar los detalles contenidos en el informe completo que pudiesen identificar a las personas que dieron su testimonio al equipo técnico. Los antecedentes de la represión de la comunidad indígena Pemón, data de años anteriores y forma parte del proyecto de poder que mantiene la estructura de Nicolás Maduro, para controlar política, económica y socialmente a la Gran Sabana, el municipio más rico en minerales del país.
Para ello, necesitaba quitarle el control territorial de la Gran Sabana que el pueblo Pemón ejerce ancestralmente. Los esfuerzos del gobierno solo se incrementaron después de que el pueblo Pemón se organizó, a través de una alianza y trabajo conjunto del Consejo de Caciques, la alcaldía y la Guardia Territorial Pemón, para sobrevivir al caos y la crisis que ha causado en esa región, la explotación desmedida y sin ningún tipo de control ambiental de las minas del municipio que está causando un daño ecológico de grandes 2 dimensiones.
Las comunidades indígenas son víctimas directas de las mafias que operan en la zona de la Gran Sabana con la colusión de militares, que además traen consigo inseguridad, prostitución, tráfico de droga y enfermedades. En múltiples ocasiones reflejadas en este informe, el pueblo Pemón ha sido objeto de ataques por parte de organismos de seguridad, e incluso, el asesinato de un Capitán (Cacique a cargo de una comunidad), hecho que fue reclamado y denunciado al gobierno por ellos.
Con motivo del anuncio por parte del gobierno de Juan Guaidó de introducir al país la ayuda humanitaria suministrada por distintas naciones a través de varios puntos fronterizos del país, las comunidades fronterizas con Brasil se prepararon para recibir dicha ayuda, ya que viven la desidia y el desgobierno, día a día. Ante este anuncio, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el despliegue de por lo menos 5000 efectivos militares y civiles traídos de zonas foráneas para reprimir, bajo órdenes de una cadena de mando que incluía a un ministro de gobierno, dos Gobernadores, un Mayor General, dos Generales de División, dos Generales de Brigada, cuatro Coroneles, y dos comandantes, lo que indicaba la importancia que para Maduro tenía controlar cualquier manifestación de apoyo a la entrada de la ayuda humanitaria.
La operación militar de los días 22 y 23 de febrero y los días siguientes de ese mes, sirvieron, no solo para prevenir la ayuda humanitaria, sino para lograr el control del territorio, cumpliendo así otros de sus objetivos: arrebatar a los Pemón el control de sus territorios, recuperando el Régimen la exclusividad del control de la seguridad y el control territorial, facilitar el acceso y control de toda la actividad minera en el municipio Gran Sabana; y desmantelar la dirigencia Pemón.
Estos objetivos fueron logrados en una sola acción de fuerza militar y violencia premeditada, bajo la supuesta justificación de resguardar la soberanía nacional al impedir el ingreso de la “ayuda humanitaria” desde Brasil. El hecho de que el primer ataque ocurrió en la comunidad indígena de Kumarakapay, que se ubica a más de 80 kilómetros de la frontera brasileña, demuestra que la operación militar tenía estos objetivos paralelos, además de impedir la ayuda humanitaria.
Las comunidades indígenas cercanas a la frontera con Brasil de Kumarakapay, Manak-Krű, Maurak, entre otras, así como la ciudad de Santa Elena de Uarién, fueron atacadas de forma despiadada por los organismos represivos y de inteligencia del Estado, donde participaron miembros de la Fuerza Armada Nacional, el FAES, los colectivos, personas pertenecientes a los sindicatos mineros y presuntos presos comunes. La movilización de tanquetas, motos, armamento letal y su uso, contra una población desarmada, es un acto criminal.
En solo 48 horas, asesinaron e hirieron a mansalva a miembros de las comunidades, utilizando balas de plomo y sin previos mecanismos de aviso. Detuvieron, encarcelaron y torturaron a un número representativo de personas, persiguiendo y reprimiendo en los espacios públicos y hasta en sus casas a familias completas de la etnia Pemón, provocando el desplazamiento forzado de sus miembros hacia otras comunidades lejanas, dentro y fuera del país.
Las comunidades hermanas pemones del Municipio Roraima en Brasil, recibieron a por lo menos 1200 de estas comunidades indígenas que fueron desplazadas forzosamente, huyendo despavoridas con sus hijos, antes de ser “masacrados”, como ellos mismos relataron. El régimen se propuso desarticular a la oposición política legítimamente electa del municipio, destituyendo y persiguiendo a su alcalde, Emilio González, miembro de la comunidad 3 Pemón, quien había logrado liderar la lucha de su comunidad en contra de las arbitrariedades, abusos y abandono ejercido por el régimen contra ellos. Actualmente, González se encuentra refugiado en Brasil, con 18 miembros de su equipo de gobierno.
Sobre los asesinatos y los múltiples heridos de esos días, el equipo técnico SG/OEA-CASLA recibió variadas versiones sobre las cifras, pero todos los testigos coinciden en que las personas asesinadas son muchas más que la cifra oficial reconocida. El propio Alcalde habló de por lo menos 22 personas asesinadas, otro testigo clave habló de por lo menos 55 personas fallecidas y múltiples testigos entrevistados (incluyendo heridos de bala en las manifestaciones) y capitanes de las comunidades, comentaron como habían visto caer a su alrededor a personas heridas de bala, que las mismas tanquetas de la GNB recogían, y que nunca se supo a donde fueron trasladados.
Todos los entrevistados por el equipo SG/OEACASLA coinciden en la forma violenta como atacaron los organismos de seguridad, que “disparaban como locos” a los que estaban en las calles, sin importar edad o sexo de los manifestantes. El equipo SG/OEA-CASLA pudo obtener el registro con nombres y apellidos de 51 personas heridas de bala los días 22 y 23 de Febrero, lo que nos indica la violencia con la cual actuaron los órganos represivos ante manifestantes desarmados.
Un testigo indicó el traslado de por lo menos 67 personas heridas al Hospital de Boa Vista, en Brasil, y de cómo fueron múltiples los heridos que debieron ser atendidos fuera del hospital, en Santa Elena de Uarién, porque tenían terror de ir al centro hospitalario del gobierno y ser detenidos e identificados. Varios testigos entrevistados para el informe indicaron también como un sin número de personas heridas de bala habían salido de sus comunidades para esconderse en la selva, y hasta después de su visita a la frontera, el equipo técnico recibió llamada telefónica de uno de los testigos quien informó sobre el paradero de algunos de ellos.
Varias fuentes hablaron de la existencia de una fosa común y también del miedo latente y persistente que tienen las víctimas y los testigos de declarar sobre posibles desaparecidos. Santa Elena de Uarién fue militarizada. Múltiples viviendas fueron allanadas, y los funcionarios o personas que realizaban estos ultrajes buscaban celulares o cámaras fotográficas sobre la represión que ellos mismos habían ejecutado o pruebas de que las personas hubieran estado manifestando. Cuando los represores descubrían que las personas tenían fotos y videos en sus celulares, se los quitaban o hacían que borraran todos los archivos, intimidándolos, amenazándolos si denunciaban.
Más de 60 personas fueron detenidas, entre ellos varios menores de edad y llevadas al fuerte militar Escamoto, cerca de Santa Elena de Uarién, lugar donde se constituyó un Tribunal de Control, a cargo del Dr. Andrés Maza -el presidente del circuito judicial- junto con Fiscal superior, Dr. Andrés Alcalá. En varios de los testimonios obtenidos para este informe, constatamos que por lo menos 36 de los detenidos fueron sometidos a torturas, y casi la totalidad de los detenidos fueron sometidos a tratos crueles.
En la intervención y ejecución de los tratos crueles intervino de manera directa el propio gobernador del Estado Bolívar y su Secretario de Seguridad Ciudadana. De las 1200 personas, mayoritariamente Pemón, que fueron desplazadas forzosamente en los días posteriores al ataque, casi 1000 aún permanecían en las comunidades brasileñas al momento de realizar la visita a la frontera la misión SG/OEA-CASLA, con muchísimo miedo a regresar a Venezuela e incluso, miedo a ser perseguidos dentro de territorio brasileño por el Régimen de Maduro. Es importante destacar que dentro de Venezuela hay un número 4 no cuantificado de desplazados por estos hechos de violencia, entre los cuales hay “criollos” – venezolanos que no pertenecen a ninguna etnia- y miembros de la comunidad Pemón.
El informe presenta así evidencias adicionales para los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, como son el asesinato, la tortura y la persecución, previamente alegados en el Informe de la Secretaria General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes (mayo de 2018), y en los informes del Instituto CASLA sobre tortura presentados a la Oficina de la Fiscal de la CPI en 2016, 2017, 2018 y 2019, así como evidencias para el crimen de desplazamiento forzoso de la comunidad indígena Pemón.
Solo una investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes alegados en este informe, así como sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Régimen de Maduro en todo el territorio venezolano desde por lo menos el 12 de febrero de 2014 podrá brindarles justicia a las víctimas.
