Almagro exige a la Fiscalía guatemalteca que deje de perseguir al partido de Arévalo - 800Noticias
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EFE/foto referencial

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió este lunes al Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala que deje de perseguir judicialmente al Movimiento Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

«Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse», manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.

Almagro se dirigió a la OEA para presentar un informe sobre su reciente visita a Guatemala, donde se reunió con Arévalo de León y con representantes del Ministerio Público, que llevan a cabo una persecución sin precedentes contra el Movimiento Semilla, que ha llegado a ser suspendido.

Ante los representantes del continente americano, Almagro reveló algunos detalles inéditos sobre su reunión con el Ministerio Público.

En concreto, explicó que los miembros del Ministerio Público hicieron unas presentaciones «muy ilustrativas» que estuvieron «impregnadas de negatividad» y que tienen el potencial de truncar el proceso de transferencia de poder del actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a Arévalo de León.

Almagro estuvo en Guatemala entre el 4 y 6 de septiembre y de nuevo el 11 y 12 de este mes y sus visitas tenían como objetivo vigilar el proceso de transición.

Sin embargo, Arévalo de León anunció el 12 de septiembre que rompía el diálogo con el Gobierno de Giammattei y suspendía el proceso de traspaso después de que el Ministerio Público diera orden de allanar dos sedes del Tribunal Supremo Electoral y revisar cajas que contenían votos.

Además, Arévalo de León ha pedido la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por corrupción y por socavar la democracia, así como del fiscal que solicitó los allanamientos, Rafael Curruchiche, y del juez penal que los autorizó, Fredy Orellana.

Almagro fue muy crítico con las acciones de todos esos actores, aunque no llegó a mencionarlos por su nombre. Específicamente, habló de «intimidación», denunció un proceso de transición repleto de «agresiones políticas» y consideró que sus acciones buscan «burlar la voluntad popular», sin respetar lo expresado en las urnas.

«Solicitamos que nada ni nadie empañe este proceso de transición, que el mismo se lleve a cabo en paz y en calma, como las manifestaciones que en este momento se están llevando a cabo en Guatemala, que son manifestaciones con responsabilidad cívica, que son manifestaciones con un compromiso de la gente por la democracia», dijo.

«Ese respeto por la Constitución, por la democracia, por la civilidad, debe ser el de todas las instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio Público», prosiguió.

Almagro añadió que la OEA seguirá involucrada en el proceso de transición de Guatemala hasta el 14 de enero de 2024, cuando debe tomar posesión Arévalo de León junto a la vicepresidenta electa, Karin Herrera.

Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Torres Casanova sigue sin reconocer su derrota y ha agitado el fantasma del fraude electoral, algo que rechaza de lleno la Misión de Observación Electoral de la OEA que estuvo presente durante el proceso.

Por su parte, el Gobierno de Giammattei ha reiterado en varias ocasiones que está comprometido con el proceso de transición y cederá el poder a Arévalo de León el 14 de enero.

Este lunes durante la reunión del Consejo Permanente, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, volvió a transmitir ese deseo de Giammattei a todos los Estados miembros de la OEA y expresó su compromiso por trabajar para que la «paz social prevalezca» en el país centroamericano.

 

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