Allanan vivienda de líderes fujimoristas por acusación de exjefe de Odebrecht
EFE
La Fiscalía peruana allanó las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, exministros de Estado y exdirigentes del partido fujimorista acusados por el exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, de haber recibido aportes de la empresa para financiar la campaña política del partido en 2011.
Según mostró la televisión peruana, funcionarios de la fiscalía entraron en las viviendas de ambos políticos en los pudientes distritos limeños de La Molina y San Isidro, en una operación encabezada por el fiscal de lavado de activos José Pérez Gómez.
Ese fiscal investiga a Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por la financiación irregular de las campañas políticas del bloque, que en 2011 se llamaba Fuerza 2011, particularmente por la empresa brasileña Odebrecht.
Según informa el diario El Comercio, la orden de allanamiento emitida por el Poder Judicial busca «encontrar elementos relevantes para la investigación» en este caso, como dinero de significativo cuantía, documentos que acrediten la recepción de dinero de Odebrecht o de empresas vinculadas a esta, registros de las empresas vinculadas a los investigados o vinculados al partido.
La semana pasada, en su declaración ante la fiscalía peruana en Brasil, Barata afirmó, según filtraciones publicadas por los medios de comunicación, que Odebrecht había financiado con 1,2 millones de dólares la campaña de Keiko Fujimori.
Cerca de un millón de dólares de ese dinero habría sido entregado a Yoshiyama, secretario general del partido de Keiko y candidato a vicepresidente, y Bedoya.
Precisamente, pocas horas antes de que Barata declarara en Brasil, ambos políticos viajaron de forma simultánea a EE.UU desde Perú.
Al poco tiempo, Yoshiyama envió una nota desde el exterior indicando que se ponía a disposición de la fiscalía, mientras que de Bedoya no se ha sabido nada de momento.
El caso Odebrecht en Perú sigue el rastro de los sobornos pagados a funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas, lo que implica los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), además a las campañas electorales de otros importantes líderes políticos.
