Alianza opositora rechaza comicios dominados por FSLN en Caribe de Nicaragua
EFE
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó este martes las elecciones en las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua celebradas el domingo pasado, que dieron un holgado triunfo al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según la Alianza, dichos comicios «no reconocen la voluntad popular, al carecer de una Ley Electoral en la que los nicaragüenses puedan gozar de iguales derechos y garantías, y en la que los procesos puedan ser observados nacional e internacionalmente».
En un proceso electoral en que estaban en juego 90 consejeros regionales y en el que no hubo observadores, el FSLN aseguró 64 escaños y el resto quedó en manos de los partidos opositores, según un recuento del Consejo Supremo Electoral (CSE) con el 99,21 por ciento de las Juntas Receptoras de Votos escrutadas.
«Esto evidencia la necesidad urgente de reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes a nivel nacional», destacó la Alianza.
Los resultados emitidos por el CSE garantizan que el FSLN ocupe 30 de los 45 escaños en el Consejo Regional, una especie de parlamento, en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), y 34 de 45 en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS).
De los puestos restantes en la RACN, 12 quedaron en manos de Yatama («hijos de la madre tierra» en lengua miskita), y tres en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
En la RACS el PLC quedó como la segunda fuerza al obtener 9 escaños, y Yatama logró los restantes 2.
Al menos 10 partidos políticos que participaron en la contienda electoral del 3 de marzo no alcanzaron votos suficientes para tener representación en ninguna de las dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua, de acuerdo con los resultados emitidos por el CSE.
La Alianza cívica recordó su advertencia de agosto pasado de que no existían condiciones para la ejecución de elecciones confiables en la zona Cribe de Nicaragua debido a la grave crisis sociopolítica que vive el país centroamericano.
Actualmente la Alianza sostiene negociaciones con el Gobierno para superar la crisis, y entre sus temas de agenda está un paquete de reformas electorales que garanticen «la democratización» de Nicaragua.
Desde abril pasado, cuando comenzó la crisis, se han registrado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reconoce 199 muertos y 340 detenidos, a los que llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes», y se dice víctima de un intento de «golpe de Estado fallido».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de Estados Americanos (OEA) y podría suponer la suspensión del país centroamericano en este organismo.
