Alianza opositora de Nicaragua apoya protesta antigubernamental como solución de la crisis
EFE
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia respaldó este martes una movilización masiva convocada para mañana en Nicaragua, al amparo de los acuerdos firmados con el Gobierno el 29 de marzo, para demandar una salida pacífica a la crisis que ha dejado cientos de muertos en 12 meses.
«Respaldamos la convocatoria de marcha nacional realizada por estudiantes, jóvenes y organizaciones que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco (también opositora), a realizarse en Managua el día 17 de abril del 2019», informó la Alianza en un comunicado.
Las marchas de los opositores, que reclaman la renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tras 12 años de Gobierno, están prohibidas por la Policía de Nicaragua, pese a las críticas porque la medida va en contra de la Constitución del país.
El movimiento opositor resaltó que la convocatoria a la marcha «se realiza amparados en los ‘Acuerdos para el fortalecimiento de Derechos y Garantías Ciudadanas’, suscritos entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación de gobierno el día 29 de marzo de 2019, en el marco de la mesa de negociación, el cual entró en vigencia inmediata a partir de su firma».
La reiteración de la Alianza coincide con su queja de que hasta ahora el Ejecutivo no ha cumplido con su parte, puesto que ha «reprimido» cada protesta antigubernamental.
La Unidad, que aglutina a decenas de movimientos civiles de manifestantes «autoconvocados», anunció la semana pasada que ha cumplido con cada uno de los requisitos para manifestarse de forma pacífica, tanto legales como los exigidos por la Policía, por lo que «no debe haber excusa» para nuevos actos de represión.
La Alianza pidió a la comunidad internacional, así como a los «testigos y acompañantes» de sus negociaciones con el Gobierno entre el 27 de febrero pasado y el 3 de abril, «velar por el correcto desarrollo» de la protesta.
La oposición advirtió al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, «testigos y acompañantes» de las negociaciones, que la suerte de la marcha «nos servirá a todos para evaluar la verdadera voluntad del Gobierno de hacer cumplir sus compromisos».
La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales señalan hasta 568. El Ejecutivo reconoce 199.
También se cuentan entre 779 y 809 «presos políticos», casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de «lesa humanidad».
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
