Alcaldesa chavista mete presa a una camarada y su hija en la Guajira

Agencias

La alcaldesa de la Guajira del estado Zulia, Indira Fernández Duarte ordenó la detención una de sus mejores colaboradoras políticas y su hija, por presuntamente incurrir en una serie de delitos, el pasado domingo, 29 de abril del presente año. 

La mujer, quien sirvió y acompaño a Fernández durante toda su campaña, entre otras actividades políticas, se dirigió a  casa de la mandataria local, junto a un grupo de personas, con la finalidad de pedirle una ambulancia para un familiar mal herido, quien sufrió un accidente en moto, en vista de que el Hospital de Sinamaica no se cuenta con dicho servicio.

Hechos

Así comenzaron los días amargos de Elba Beatriz Ríos, fiel servidora del proceso chavista y seguidora de la alcaldesa, y su hija Anarelis Beatriz Govea Ríos. Ese domingo en la noche, Elba fue  al hospital a solicitar una ambulancia para su pareja, Jesús Loaiza, pero al ver que no había el vehículo, un grupo de ciudadanos acudieron a la buena fe de la alcaldesa y llegaron hasta su casa para pedir la unidad que pudiera atender al joven, así comienza el relato de Libia Beatriz Govea Ríos, prima de Elba y Anarelis, quienes hasta hoy llevan 37 días en prisión injustamente por deseos de Fernández.

Libia reveló que ese mismo domingo, 29 de abril, dos familiares de la alcaldesa Fernández llegaron hasta su casa, donde estaba el grupo de personas implorando el servicio con el que debería contar el centro de salud antes mencionado, y comenzaron a gritar improperios para desafiar a los presentes, sin embargo, los acontecimientos no pasaron a mayores consecuencias que lamentar ya que todos se retiraron de ese lugar, sin poder brindarle la asistencia al infortunado, quien murió poco tiempo después del accidente.

La familiar aseguró  que, posteriormente, el 3 de mayo, Elba salió de su casa a hacer unas compras en el mercado, y cuando se encontraba en una de las calles de la población de Sinamaica, fue abordada por una hermana de la también exviceministra para los Pueblos Indígenas, y la comenzó a golpear, originándose una pela entre ambas. En vista de lo sucedido con su madre, Amarilis salió en defensa de ella e intervino en la riña para separarlas. Sin embargo,  minutos después llegó una comisión del Poliguajira y procedió a detener  a Elba junto su hija, mientras que la pariente de la mandataria municipal fue exonerada, siendo esta la que dio inicio al altercado según testimonio de Libia. Ambas fueron trasladas a la Estación Policial del Cpbez, donde Elba, presuntamente, fue maltratada por un efectivo, así lo aseguraron sus familiares a los medios de comunicación.

En la Estación Policial, Elba y Amarilis permanecen arrestadas por órdenes de la alcaldesa, y están siendo imputadas por los siguientes delitos: incitación al odio, previsto y sancionado en el artículo 20 de la Ley Contra el Odio y la Discriminación Racial; aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Además, por lesiones intencionales menos graves, intimidación pública, obstaculización de las vías, ultraje violento a funcionario, agavillamiento, previstos y sancionados en el Código Penal Venezolano.

Libia, además, manifestó que Indira Fernández alega que la familia de las dos mujeres detenidas, la ataca políticamente, por lo que considerará llevar el caso a un Tribunal en Caracas, si continúan las presiones en contra de ella. También indicó, que la burgomaestre afirma que “este grupo de personas, supuestamente, fue a su casa a perturbar su paz y tranquilidad, pretendiendo quemar la vivienda”, y que dichos motivos provocaron la aprehensión de Elba y Amarilis, el 29 de abril, produciéndose el arresto el 3 de mayo.

36 días de prisión

“La alcaldesa está tomando una conducta agresiva por un pleito familiar entre la señora Elba y su hermana, lo está tomando desde el punto de vista gubernamental, lo que considero como abuso de poder y siento temor porque ellas llevan 36 días presas injustamente, imputándoles seis delitos graves que no cometieron”, expresó la familiar.

Asimismo, indicó que “Elba y su hija pertenecen a un núcleo familiar solidario y nos gusta cooperar con toda la comunidad. Desde que se inició el proceso político con el comandante Chávez, todos hemos participado. Incluso en el último periodo electoral para elegir a los alcaldes. Elba se dedicó día y noche junto con un grupo de seguidores y aliados a trabajar por la campaña de la señora Indira Fernández duarte, de quien hoy en día me sorprende ver su actitud”.

Finalmente, indicó que es directora de una Escuela Bolivariana, ubicada en La Laguna de Sinamaica y que tiene 18 años de servicio en la educación, pero que está consciente que de un momento a otro, la alcaldesa podría influir en su destitución, debido al caso de las dos mujeres detenidas.

Intervención de la Comisión de Derechos Humanos

Por su parte, Daniela Guerra, directora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), aseguró que se está hablando de dos mujeres indígenas detenidas sin causa; una maestra y su señora madre, quien trabajó en la campaña política de la alcaldesa, Indira Fernández, quien ordenó el arresto de ambas.

“No hay ningún hecho que las vinculen a los delitos que les están imputando, entre ellos uno previsto en la Ley Contra el Odio, la cual es inconstitucional porque la dicta una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene esas potestades”, explicó Guerra.

Además, destacó que es el primer caso que se registra en materia de Ley Contra el Odio, en el Zulia. “Esto es un hecho bastante irregular, que dos mujeres trabajadoras sean detenidas por sostener una pelea con un familiar de la alcaldesa”, sentenció la también abogada.

A su vez, José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, señaló que Elba y su hija se encuentran privadas de libertad de manera arbitraria y que la comisión policial violó el debido proceso, ya que las mujeres fueron maltratadas por los funcionarios y luego les fueron imputados seis delitos.

Finalmente, familiares de madre e hija que permanecen en prisión hacen un llamado a las autoridades competentes para que dejen en libertad a ambas, ya que consideran que están presas sin haber cometido ningún delito.