Alarma en SIP por deterioro de prensa y desaparición de medios en Venezuela
EFE
La situación de la prensa en Venezuela se deteriora a diario debido a la «violencia sistemática» que se ejerce contra los periodistas y los medios de comunicación tradicionales que además han empezado a desaparecer, alertó en Medellín la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Según el informe de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, presentado por el presidente y editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, en el último año la situación de periodistas y empresas de comunicación venezolanos «ha empeorado sustancialmente» y «todos los indicadores que puedan revisarse presentan un deterioro alarmante».
«En términos generales, si comparamos lo ocurrido entre abril de 2016 y marzo de 2017 y los meses siguientes con los hechos acumulados en este periodo, la conclusión es inequívoca, las agresiones se han multiplicado», afirmó Otero.
El periodista expuso cinco conclusiones, «todas alarmantes», sobre lo que ocurre en su país «con quienes todos los días salen a la calle a buscar información».
La primera, según dijo, es que se está «ante una política de Estado» porque las agresiones a la prensa «no ocurren de forma aislada o accidental» sino que obedecen a «todo un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular».
También participan la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana, así como otros cuerpos de seguridad e incluso «grupos de paramilitares y bandas de delincuentes que actúan violentando las leyes y el Estado de derecho».
El informe denuncia además que «se están utilizando tribunales militares para encarcelar y enjuiciar a civiles, incluso a periodistas y a reporteros ciudadanos, lo que transgrede todas las normas de jurisdicción y de los derechos básicos de cualquier persona».
«En la esfera militar los procesados ingresan en un túnel de desinformación, abusos, desconocimiento de los procesos y se producen graves situaciones de aislamiento», agregó.
El tercer elemento es la participación de bandas paramilitares y grupos de delincuentes en los ataques a los periodistas.
«Esta es una situación tan extrema que varios de estos delincuentes han sido fotografiados y filmados sin que ninguna autoridad reaccione ante las denuncias», señala el informe.
Agrega que «el nivel de protección por parte del Gobierno es tan alto que el 26 de febrero una de estas facciones realizó una demostración de su poderío y desfiló en Caracas con armas de alto calibre en total impunidad».
En cuarto lugar la SIP denuncia que el Poder Judicial «no reconoce el derecho a ejercer el periodismo y la libertad de expresión» pues no castiga a los responsables de la acciones violentas contra medios y reporteros «y mantiene un silencio cómplice ante los hechos que a diario se producen».
Finalmente señala que el ensañamiento es tal que los hechos revelan «de manera elocuente» la instrucción a los uniformados para que «amenacen, insulten, amedrenten, golpeen, roben y detengan a los periodistas por cualquier causa o circunstancia».
«A los más afortunados les obligan a borrar fotografías, videos o audios, a otros les roban teléfonos móviles, cámaras de video o fotográficas y grabadores de audio», añade.
Según el informe, estas y otras acciones «convierten el ejercicio del periodismo, el derecho y el deber de informar en una actividad de altísimo riesgo» en Venezuela.
También denuncia que esta demostración de poder del Gobierno del presidente Nicolás Maduro «es ilimitada e indiscriminada» y afecta «incluso a los reporteros y corresponsales de otros países a los que se expulsa o no se les permite ingresar al país».
Como consecuencia de ese panorama, «en Venezuela está sucediendo algo verdaderamente increíble, la desaparición sistemática de los medios de comunicación, eso es algo nuevo», dijo Otero.
A ese fenómeno también contribuye el hecho de que el Gobierno controla el suministro de papel periódico por medio de la Corporación Maneiro, que limita la entrega del material a los medios, lo que afecta incluso a aquellos comprados por empresas oficiales.
