Alan García sabía que Odebrecht pagaba sobornos, declaró su exapoderado
EFE
El fallecido expresidente peruano Alan García sabía que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos durante el gobierno de su antecesor Alejandro Toledo (2001-2006), a pesar de lo cual fue el «gestor» directo de las obras de esa empresa, declaró el exapoderado de la constructora en Perú Jorge Barata.
Detalles de esa declaración fueron divulgados este sábado por el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, que publicó parte de los audios y la transcripción del interrogatorio hecho a Barata por fiscales peruanos la semana pasada en la ciudad brasileña de Curitiba.
«¿García tenía conocimiento de que usted era de una empresa que pagaba sobornos?», preguntó el fiscal peruano José Domingo Pérez a Barata, ante lo que este respondió: «Bueno, sí sabía».
El empresario detalló que el exmandatario conoció del pago de sobornos porque recibió esa información del empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien afirma haber sido testaferro de Toledo.
Barata declaró la semana pasada a los fiscales peruanos que su empresa pagó a Toledo 31 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de dos tramos de la Carretera Interoceánica del Sur, en depósitos a empresas constituidas en paraísos fiscales por Maiman.
Tras conocerse esa información, Toledo, sobre quien pesa un pedido de extradición a Perú desde Estados Unidos, acusó al exapoderado de mentir «una vez más».
En sus declaraciones divulgadas este sábado, Barata también reconoció que tuvo una estrecha amistad con Alan García, a quien conoció en 2006, y dijo que el hecho de que este decidiera no denunciar los sobornos anteriores le dio tranquilidad para seguir adelante con diversos proyectos.
«Al saber del asunto, él no tomó una actitud de decir lo siguiente: ‘mira, aquí se va a suspender el contrato, no se va a pagar nada, se va a investigar el proceso’. De cierta forma me estaba dando una venia, ¿no?», agregó.
Barata detalló que entregó sobornos en efectivo al secretario Presidencial de García, Luis Nava, entre 2006 y 2009, pero luego decidieron abrir una cuenta en Andorra a nombre del empresario Miguel Atala, quien luego fue vicepresidente de la petrolera estatal Petroperú.
Durante la investigación de este caso, Atala confesó al fiscal Pérez que el expresidente García le aseguró que los 1,3 millones de dólares depositados por Odebrecht en Andorra eran suyos.
Un juez peruano ordenó este miércoles prisión preventiva durante 36 meses para Nava y arresto domiciliario para Atala, después de que la Fiscalía señalara que, tras su confesión, su vida corría riesgo si ingresaba a la cárcel.
La Fiscalía señala que Odebrecht también habría entregado otros 3 millones de dólares a Nava, cuyo hijo, José Nava, también ha confesado que su padre recibió aportes de la constructora para el exmandatario.
El exrepresentante de Odebrecht indicó que a pesar de que Nava era solo el secretario del presidente y no tenía «la capacidad de hacer nada» con relación a las obras públicas, sí tenía mucha influencia.
Consideró que Nava no hubiese gozado de ese poder «si no tuviese la venia y la autorización del gobierno» y que, además, «era el hombre de confianza del presidente» García.
Barata sostuvo, en otro momento, que el expresidente era quien garantizaba que todas las obras se realizaran sin problemas, porque era el «gestor», el dueño» de las decisiones del Ejecutivo, algo que, según dijo, no sucedió durante el régimen de Toledo.
Detalló que este «no tenía la capacidad de liderazgo y de organización, de convencimiento, de sus subordinados», mientras que en el gobierno de García «había un gestor, quien hacía que las cosas ocurrieran de forma mucho más fuerte y en la dirección que se necesitaba».
Al ser preguntado por el fiscal Pérez sobre a quién se refería al hablar de un «dueño» y «gestor», Barata respondió que era «al propio presidente».
«¿Alan García Pérez?», añadió que fiscal, y el exrepresentante de Odebrecht respondió: «Así es».
Alan García se suicidó el pasado 17 de abril cuando un fiscal acompañado por policías llegó a su casa en Lima para detenerlo por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht durante su segundo Gobierno (2006-2011).
