AI denuncia deficiencias de la Justicia en muertes en residencias en España
EFE
Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes lo que considera una deficiente actuación de la Fiscalía para esclarecer más de 35.000 fallecimientos de ancianos en residencias durante los primeros meses de pandemia en España, que están siendo archivadas la mayoría incluso sin el testimonio de los familiares.
Cuando se cumplen dos años de la detección del primer caso de covid-19 en España la organización no gubernamental y familiares de víctimas exigieron a los grupos del Parlamento español la creación de una comisión que analice lo ocurrido en las residencias de mayores, ofrezca respuestas a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar.
AI y los familiares celebraron un acto simbólico frente a un pebetero en el centro de Madrid que recuerda a los fallecidos durante la pandemia.
Su director en España, Esteban Beltrán, lamentó que el «escaso impulso de las investigaciones ha extendido la impunidad y obstaculizado el acceso a la verdad de las familias».
La ONG denuncia que 451 de las 517 investigaciones fueron archivadas por la Fiscalía «sin un mínimo esfuerzo por esclarecer lo ocurrido», pues casi el 90 por ciento de las diligencias abiertas por el Ministerio Público no llegaron a los tribunales.
Las familias confiesan sentirse abandonadas y reivindican su derecho a conocer la verdad.
«Tengo derecho a saber qué estaba pasando. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más», señaló Ana María, cuya madre falleció en una residencia sin haber sido trasladada al hospital, por lo que presentó denuncia ante un juzgado, que año y medio después sigue en trámite.
Tras analizar en una investigación las denuncias que afectan a más de un centenar de residencias, AI expresó su preocupación «por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido».
«No se está garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro», añade en un informe.
La organización considera que la mayoría de las investigaciones del fiscal no cumplen con estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de esas muertes.
Ante el archivo de las investigaciones por parte del Ministerio Público, son los familiares quienes están presentando denuncias en los tribunales, que están avanzando de manera desigual y muy lentamente, según los denunciantes.
Los últimos datos oficiales muestran 92.966 fallecidos desde el inicio de la pandemia en España, con más de 9,7 millones de contagios y una incidencia de la covid-19 en riesgo muy alto, con 3.078 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días.
