Advierten que el gobierno de Venezuela utiliza al VIH como arma para desacreditar al adversario político
Nota de prensa
El fallecimiento de Carlos García, dirigente político de Guasdualito en el estado Apure, así como muchas que ocurren en las prisiones de Venezuela, comprueban la violación a los derechos humanos en las que está incurriendo el gobierno, pues muchas han ocurrido por la falta de atención médica. Así lo dijo Jhonatan Rodríguez, en su condición de presidente de la Organización StopVIH, que vela por los derechos a la salud.
Rodríguez denunció que además de haber puesto en riesgo la vida de este venezolano, ahora se viola el principio de confidencialidad, al señalarse una supuesta complicación con enfermedad de inmunodeficiencia, dejando entrever que tenía VIH o sida, y asocia además la muerte con otra infección oportunista como Toxoplasmosis.
En el caso de García se informó que sufrió un ACV y luego no recibió la atención especializada correspondiente.
“El TSJ está violando el principio de confidencialidad porque toda persona que ha contraído VIH está protegida por la Ley de Promoción y Protección de Personas con VIH y sus Familiares, promulgada por el presidente Nicolás Maduro el 30 de diciembre de 2014. Es decir, el mismo Gobierno viola la ley que aprueba”.
Calificó de indignante y deplorable, que el gobierno pretenda justificar con una enfermedad como el VIH o el sida, la muerte de una persona que le adversa. En el supuesto que hubiera tenido VIH, que por cierto no consta, porque no dejaron hacer la autopsia, según lo denunció la familia, expone al escarnio público el entorno de Carlos García y eso está tipificado en la referida ley, enfatizó Rodríguez.
Insiste que es evidente que el gobierno está utilizando el VIH como un arma para desacreditar al adversario político, porque en realidad lo que pasa es que hoy en Venezuela no hay antirretrovirales, y los pocos que han llegado aún se encuentran retenidos y no son distribuidos a las regiones. Además, el Ministro de Salud, Luis López, no ha firmado las órdenes de compra para 2018, lo que indica que la escasez seguirá prolongándose porque los fármacos demoran aproximadamente de 4 a 6 meses en llegar al país.
“No hay fármacos para infecciones oportunistas, no hay fórmulas lácteas, no hay reactivos ni para diagnóstico (ELISA) ni para control (CD4 y Carga viral), y esto significa que alrededor de 90% de las personas que toman antirretrovirales desconocen cómo va respondiendo su organismo al tratamiento lo que no garantiza mejorar su condición. Ante esto, la conclusión es que la vida de los venezolanos está en peligro y el Gobierno no está haciendo su trabajo que es garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la alimentación, y a la atención médica”.
