Advierten que acuerdo de frontera no garantiza seguridad jurídica
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Desde agosto de 2015, tras el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela ordenado por Nicolás Maduro, una elevada cantidad de industrias y comercios, más que todo del lado venezolano, se fueron a la quiebra y bajaron sus santamarías.
El 4 de julio con la firma del «Acuerdo de Frontera» dirigido por la patronal venezolana Fedecámaras y el Comité Intergremial del Norte de Santander, se establecieron una serie de puntos con los que se busca mejorar la amarga situación que se vive en la zona y recuperar el intercambio comercial de más de 7 mil millones de dólares que existía para el año 2008; sin embargo, expertos consideran que no se analizó la seguridad jurídica ni económica para los negocios.
Destacan que las decisiones que han venido tomando el gobierno venezolano hablan por sí solas, pues consideran que el cierre o la apertura de los pasos formales se realiza a conveniencia, reseña La Prensa Táchira.
«Se cambia de proceso de integración regional por una decisión inconsulta del presidente, se permite y prefiere el transporte binacional o transfronterizo de bienes por los caminos irregulares y no por las vías formales, o se permite el paso comercial por unas regiones y se impide por otras, de manera absolutamente discrecional», denunció.
En el acuerdo, los gremios tanto de Táchira como de Norte de Santander, destacaron que instarán a las autoridades de ambos países para que se promueva y se ejecuten políticas públicas que permitan la industrialización de la frontera, además que se consolide el proceso de integración regional con la finalidad de que haya un desarrollo pleno.
Para el exembajador de Venezuela en Colombia, Pavel Rondón, en estos momentos la frontera no cuenta con las condiciones ideales que se plantean en el acuerdo, pues del lado venezolano se carece de recursos, de servicios básicos, inversiones en materia tecnológica y de vialidad, situación que en lugar de atraer posibles inversionistas extranjeros, puede llegar a espantarlos.
«Qué hace un empresario que venga del exterior, se instale y se quiera comunicar con su casa matriz en Bogotá o en otra parte y no pueda porque ha pasado todo el día sin electricidad y sin línea telefónica. Cómo hace con las alcabalas de San Cristóbal a San Antonio. Eso retrasa y esos son problemas que hay que resolver», sugirió.
Los expertos destacan que son muchos temas que deben ser ajustados antes de poder abrir completamente los pasos binacionales, incluso el gobernador del estado, Freddy Bernal, señaló días atrás que aún hay «mil cosas por hacer» para que esta zona se encuentre en óptimas condiciones y se pueda reactivar la productividad.
Entre ambos países se requieren acuerdos en cuanto al control migratorio, aduanas, transporte internacional y nacional, abastecimiento de combustibles, garantías de los servicios públicos y seguridad ciudadana, esto teniendo en cuenta la diversidad de grupos guerrilleros, paramilitares y bandas armadas que vieron esta zona como una fuente de ingresos a través de actividades ilícitas.
«Casi nadie se detiene a pensar en los derechos humanos de las personas dentro y fuera del sector económico. Se habla mucho de la reapertura comercial que es necesaria, que es importante en esa frontera, pero en términos formales poco se atiende, se habla o se señala sobre los derechos humanos de las personas, explicó Francisco Sánchez.
Destaca que todas las decisiones que se tomen deben estar centradas en los ciudadanos y que es importante que de entrada se restablezcan las relaciones consulares.
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