Acusan de terrorismo y otros delitos a alcalde opositor en Nicaragua
Fuente: EFE
El alcalde opositor del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, fue acusado este viernes por el Ministerio Público de Nicaragua del delito de terrorismo, en una crisis que ha dejado entre 295 y 448 muertos, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Fargas, junto con su conductor Ernesto Jarquín Orozco y el guardaespaldas Nicolás Cienfuegos, enfrentarán a la justicia por los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, toma de rehén y tenencia ilegal de armas de fuego, según la acusación, que fue aceptada por un juez de Managua, detalló la Presidencia, a través de medios del Gobierno.
Los hombres son acusados como autores intelectuales y materiales del ataque a la delegación policial de la comunidad Sislao Paraska-Pueblo Nuevo, en Mulukukú, que está a 247 kilómetros al noreste de Managua, en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), ocurrida el 11 de junio pasado y en la que murieron tres policías y un civil.
El Ministerio Público únicamente pide justicia por tres policías muertos y otros dos heridos, no así por el civil, de acuerdo con la información oficial.
La esposa de Fargas, María Auxiliadora García, ha negado que su esposo esté involucrado en dichos crímenes y ha insistido en que todo se debe a que el alcalde no comparte la ideología del Gobierno nicaragüense.
El alcalde, miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y sus trabajadores serán juzgados el 15 de agosto próximo, en Managua.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias», lo que Ortega ha negado.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
