Acusan al presidente Maduro ante la OIT por hostigar a quienes apoyan el revocatorio
Con información de El Nacional
Las centrales obreras integrantes de la Unión de Acción Sindical y Gremial acusaron al presidente Nicolás Maduro de acoso laboral ante la Organización Internacional del Trabajo en un informe que consignaron en esa instancia, y en el cual describen y señalan sus declaraciones a favor de despedir a quienes firmaron para apoyar un referendum para revocar su mandato.
El documento, además de una carta dirigida a Guy Rayder, director de la OIT, es suscrito por representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Unión Nacional de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Autónomos y Central General de Trabajadores. En el texto denuncian las violaciones del gobierno de los convenios 87, 98 y 111 sobre libertad sindical, contratación colectiva y no discriminación, respectivamente.
“Las declaraciones gubernamentales, y especialmente las presidenciales, han sido pronunciadas y difundidas por todos los medios posibles con el fin de inocular un sentimiento profundo de temor en los que aún no han sido despedidos, para que no protesten de ninguna manera ni apoyen el referéndum”, dice el documento.
Menciona el despido de cientos de funcionarios por firmar a favor del revocatorio, entre ellos 200 del Seniat y otros 40 de la Fundación del Niño, con los testimonios de varios afectados como María Eugenia Barrios, María Gabriela Subero, Ramón Salas, María Teresa Martínez y José Luis Ramos, este último presidente del Sindicato de Seniat-Lara.
“Ha sido tan clara la ilegalidad de los despidos y el atropello que implica para los derechos humanos, entre los cuales está el derecho al trabajo, que el propio defensor del pueblo, Tarek William Saab, ex gobernador por el PSUV e incondicional del Ejecutivo, se ha visto obligado a declararse públicamente en contra de la medida anunciada por el presidente Maduro y el alcalde de Caracas, así como por el primer vicepresidente del partido de gobierno”, refiere el informe.
El texto agrega que desde la derrota en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el gobierno “reaccionó de manera virulenta diciendo que despediría a los empleados sospechosos de haber votado en contra suya, lo cual se tradujo en acciones de despidos, persecuciones y amenazas”.
