Acusan al chavismo de aplicar «operación maquillaje» en materia Lgbti
Tal Cual
Cada cinco años la Organización de Naciones Unidas (ONU) aplica el examen periódico universal para revisar los avances en materia de derechos humanos en cada país, en los que incluyen los derechos de la población Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex).
El último se aplicó en 2017, fecha en la que se recomendó despenalizar las relaciones homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas, reconocer la unión civil de parejas del mismo sexo y la identidad de personas trans. Este 2021 la ONU sólo deberá replicar su discurso anterior y añadir otras sugerencias, pues la homofobia institucionalizada ha impedido avances reales en este tema.
El paraguas de protección para personas Lgbti y familias homoparentales permanece cerrado en Venezuela. La creación de la Defensoría Delegada Especial en Sexodiversidad, al igual que la reciente aprobación del proyecto ley de lenguaje inclusivo de la Asamblea Nacional chavista, son sólo una máscara que disimula la inacción de un Estado que poco ha impulsado iniciativas legales para promover la igualdad y sancionar la discriminación contra el colectivo.
Tamara Adrián, diputada del Parlamento electo en 2015, asegura que la administración de Nicolás Maduro pretenderá mostrar progresos significativos con las instituciones e instrumentos jurídicos mencionados anteriormente- también con la ley contra el odio, «nunca aplicada»-. Sin embargo, «frente a la mentira que se quiere perpetuar de que en Venezuela se respetan los derechos de la comunidad Lgbti, la realidad demuestra que la propaganda tiene patas cortas».
Ante la sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reposan 25 expedientes vinculados con la comunidad Lgbti, algunos de ellos datan de 2008. A la fecha sólo dos han sido resueltos, lo que se traduce en que el 91% de los casos Lgbti permanece engavetado.
«El resto de los casos no ha sido nunca decidido. Hay una presión enorme de las iglesias evangélicas encabezadas por Javier Bertucci. Han metido firmas en contra del matrimonio igualitario y tienen un lobby enorme ante el tribunal (….) y del lado de la fiscalía, Tarek William Saab ha obviado cualquier tipo de referencia o de protección a la comunidad», señala Adrián.
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