Acusan a exfuncionario de la extinta Digepol por desaparición forzada de líder campesino
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El Ministerio Público (MP) acusó al exjefe de la delegación de Coro de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), José Mercedes Penot Rivas, de 84 años de edad, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de José Agustín Petit Colina, hecho ocurrido el 28 de marzo de 1967 en el sector Pueblo Nuevo, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.
El MP solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y que se mantenga la medida de casa por cárcel, acordada previamente por la referida instancia judicial en virtud de la avanzada edad de Penot.
Según testigos, el día del hecho Petit Colina conversaba con sus vecinos en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, donde repentinamente llegó un vehículo con funcionarios de la Digepol y del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), entre los cuales presuntamente se encontraba Penot Rivas, indica una nota de prensa del MP.
Petit Colina y sus acompañantes fueron sometidos por los funcionarios e introducidos en el vehículo en el que, se presume, fueron trasladados hasta la ciudad de Coro.
Inmediatamente, los familiares de Petit Colina, conocido como un importante luchador social a favor de los campesinos, iniciaron una serie de diligencias en diferentes órganos de seguridad del estado Lara para dar con su paradero; sin embargo, nunca obtuvieron información ni lograron localizar su cuerpo.
Tras más de 40 años de la desaparición de Petit Colina, el MP coordinó una serie de investigaciones a través de las cuales se logró, a partir de los testimonios, recabar elementos de convicción que vinculan a Penot Rivas con el hecho.
El exfuncionario de la Digepol fue detenido el 11 de agosto de 2014 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su residencia, ubicada en la capital larense, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el fiscal del caso y acordada por el Tribunal 5º de Control de Lara.
Esta investigación está enmarcada en la Comisión de la Verdad, instancia integrada por fiscales del MP, asesores y expertos de la Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones y de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, quienes trabajan para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1958 a 1998.