Acceso a la Justicia alerta sobre incremento de «represión institucional»
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La ONG Acceso a la Justicia expuso en un informe presentado este jueves que el Estado venezolano “preparó el terreno para las elecciones” con represión traducida en inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento “inconstitucional” de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el informe, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista, nombró en 2023 un nuevo CNE, pese a que “los diputados no debieron convocar un nuevo proceso de designación” de nueva directiva, sino designar “reemplazos” de rectores, ya que la saliente había cumplido poco más de dos años, de los siete que debe durar su periodo, según la normativa, reseñó Infobae.
Además, Acceso a la Justicia señaló que la AN “nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición”, cuando la Constitución establece que el CNE “estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, una decisión que “pone en duda la capacidad” de esta instancia “para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos”.
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La organización destacó que no se ha publicado la sentencia sobre la anulación de las primarias, por lo que se desconoce “las razones jurídicas por las cuales se dicta”. Tampoco es público el documento sobre la inhabilitación de Machado, por lo que “nadie sabe por qué fue inhabilitada”, afirmó el codirector de la ONG, Alí Daniels.
Recordó que el TSJ “ha actuado como interventor”, en especial “sobre sindicatos y partidos políticos”, lo que, según el informe “parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas”.
En cuanto a las últimas semanas, la organización manifestó su preocupación por casos de allanamiento a propiedades privadas y aprehensión de ciudadanos por verse vinculados con María Corina Machado. Tal es el caso de Ricardo Albacete, quien fue aprehendido por haber hospedado a la opositora en su casa.
Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza condenó “el allanamiento a una de las viviendas y los galpones industriales” del empresario, y exigió al Estado “el cese de las persecuciones, detenciones y allanamientos arbitrarios de las viviendas de los ciudadanos que piensen distinto”.
Con información de Versión Final
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