Abren investigación contra generales por atentado a escuela Policía en Bogotá
EFE
La Procuraduría General (Ministerio Público) de Colombia abrió este jueves una investigación contra dos generales de la Policía por el atentado con coche bomba que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró hace casi un año en una escuela de esa institución y que acabó con la vida de 22 cadetes.
La entidad detalló en un comunicado que las pesquisas se realizarán contra el director Nacional de Escuelas de la Policía, mayor general Carlos Enrique Rodríguez González, y la directora de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, brigadier general Juliette Giomar Kure Parra.
«Para el Ministerio Público se hace necesario investigar si existió o no una conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente al mayor general y a la brigadier general», afirmó la entidad.
La Procuraduría señaló que a pesar de las pruebas recopiladas en la indagación preliminar, no se estableció si los altos oficiales «ordenaron y adelantaron las acciones necesarias no solo para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la escuela, sino del personal que allí labora, se capacita o se encontraba de visita».
El atentado ocurrió el 17 de enero de 2019 cuando un integrante del ELN identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, ingresó con un vehículo cargado con 80 kilos del explosivo pentolita que fueron detonados en la escuela, ubicada en el sur de Bogotá.
En el atentado perdieron la vida 22 cadetes, entre ellos la ecuatoriana Erika Chicó, y 67 personas más resultaron heridas, tras lo que el presidente Iván Duque reactivó las órdenes de captura de los negociadores del ELN en los diálogos que ese grupo mantenía con el Gobierno en Cuba, pero la isla invocó los protocolos y se ha negado a entregarlos.
El ELN inició en febrero de 2017 unas negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana.
Sin embargo, Duque condicionó la continuación de los diálogos a que esa guerrilla deje en libertad a todas las personas que tiene secuestradas y renuncie a esa y otras actividades delictivas. Además, las negociaciones entraron en un punto muerto desde el atentado.
La Procuraduría agregó hoy que como parte de la investigación ordenó practicar nuevas pruebas para determinar qué protocolos de seguridad se implementaron en las instalaciones de la escuela y qué acciones se iniciaron «para detectar las fallas de seguridad y los correctivos adoptados».
«La investigación busca determinar si la conducta de los implicados es constitutiva o no de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría cometido y su responsabilidad disciplinaria», subrayó.
La entidad resaltó que los oficiales investigados podrán solicitar «ser escuchados en versión y libre» y detalló que asumió el proceso el 20 de agosto pasado después de que la Inspección General de la Policía ordenara remitir el caso al procurador general.
