Aborto terapéutico genera polémica tras casi 50 años de legalizado en Costa Rica
EFE
El aborto terapéutico es legal en Costa Rica desde 1971, pero tras casi 5 décadas se encuentra en el centro de una polémica sobre su aplicación, en la que se mezclan exigencias de defensores de los derechos de las mujeres, la lentitud del Gobierno para dar respuestas y la presión de grupos conservadores con poder en el Congreso.
El terapéutico es el único tipo de aborto legal en Costa Rica, pero las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres afirman que es muy rara su aplicación debido a la falta de claridad acerca de los casos en que los médicos deben o pueden practicarlo.
El artículo 121 del Código Penal estipula que: «no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».
– LA NORMA TÉCNICA PROMETIDA
El presidente Carlos Alvarado ha prometido que firmará una norma técnica que precise los casos en los que el médico puede practicar el aborto, así como el proceso a seguir.
Desde inicios de 2019 el Gobierno ha dicho que la norma será firmada «este año», pero con el pasar de los meses la lentitud en tomar la decisión ha provocado presiones de los grupos a favor del aborto, como de los que están en contra.
Con la consigna de «¡Firme ya!» grupos a favor del aborto han exigido al presidente Carlos Alvarado que publique la norma técnica.
El estatal Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) también se ha unido a la petición y se ha pronunciado varias veces acerca de la necesidad de la norma.
Según ha dicho el INAMU «el Estado está infringiendo los compromisos internacionales que ha asumido para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres».
El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo hace algunos días que la redacción de la norma está avanzada y que podría ser presentada al presidente pronto, sin especificar una fecha.
Por su parte, el Colegio de Médicos ha dicho que aún con la norma, se debe respetar el derecho a la objeción de conciencia, que permite a un profesional negarse a practicar un aborto si ello transgrede sus convicciones éticas, morales o religiosas.
– LA PRESIÓN «PROVIDA»
En el lado opuesto se encuentran los grupos autodenominados «provida», encabezados por líderes o sectores religiosos, y que también se encuentran representados en el Congreso, en donde los partidos cristianos cuentan con una importante cuota de poder.
En enero pasado un bloque de diputados «provida», entre los que se hallan pastores evangélicos, impulsó y consiguió la aprobación (27 a favor y 26 en contra) de una moción que exige al presidente Carlos Alvarado que no firme la norma técnica, a pesar de que el contenido de ese documento se mantiene en privado.
Estos legisladores también interpusieron el pasado 19 de septiembre una recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que el Gobierno les entregue el borrador de la norma técnica.
«Señor presidente, firmar es matar, y si usted todavía no lo ha entendido, queremos ayudarle», declaró el diputado evangélico del bloque Nueva República, Jonathan Prendas, tras presentar el recurso de amparo.
El sector conservador del país teme que si Alvarado firma el documento se abrirán las puertas para que se practiquen abortos más allá de lo que permite la ley.
El pasado 31 de agosto, cientos de personas se manifestaron con carteles que decían «Abortar es matar», «Unidos por la vida humana», «No al aborto», «Salvemos las dos vidas», «Déjalo nacer».
– LOS CASOS DE ANA Y AURORA
Ana y Aurora son dos mujeres que quedaron embarazadas y cuyo diagnóstico indicaba que los fetos tenían malformaciones severas incompatibles con la vida extrauterina y, por lo tanto, no podrían sobrevivir.
Pese ello, a estas mujeres se les negó el aborto terapéutico y tuvieron que llevar su embarazo hasta el final.
Estos dos casos forman parte de una demanda contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sigue su trámite.
El caso de Ana se remonta al año 2007 y el de Aurora al 2012, ambas alegan que sus vidas estuvieron en riesgo y que, posterior a los partos, sufrieron secuelas físicas y psicológicas.
La demanda pretende sentar un precedente y evitar que este tipo de situaciones se repitan.
