ABC: El infierno de los calabozos de la Policía en Caracas
ABC de España
El diario español ABC realizó un trabajo especial sobre la situación de hacinamiento en las cárceles de Venezuela, específicamente en las celdas de la Comisaría de Chacao. Señalan que en un área de 48 metros, preparada para albergar a 36 personas, hay actualmente 133.
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El 21 de febrero en los calabozos de la sede de la Policia Municipal de Chacao, en el distrito metropolitano de Caracas, un motín encendió todas las alarmas del organismo. Los presos hacinados en los calabozos se amotinaron y agredieron a cuatro funcionarios que estaban de guardia. Los reos exigían ser trasladados de penal y se quejaban por la falta de espacio y los continuos retrasos en sus procesos. Según medios locales, el incidente violento provocó que ocho presos y dos funcionarios resultaran, uno de ellos con politraumatismos debido a los golpes que recibió y otro con heridas de arma blanca en el pie.
De acuerdo con la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 23 centros de reclusión preventiva venezolanos hubo en 2015 ocho motines, diez intentos de fuga, siete incidentes de fugas exitosas y siete secuestros a funcionarios.
Un centro de reclusión preventiva debería ser, como su nombre indica, un centro para el encierro temporal de presuntos transgresores de la ley; pero en Venezuela se han convertido en prisiones de estancia indefinida en las que nadie sabe cuándo será trasladado o liberado. Un detenido no tendría que estar más de 45 días en un calabozo policial. Sin embargo, la realidad es muy distinta en Venezuela, donde hay detenidos en centros preventivos con más de tres años sin obtener por ello ningún tipo de reducción de pena. ABC tuvo acceso a los calabozos de la Policía de Chacao, y pudo constatar las duras condiciones.
LOS CALABOZOS
Nos acompañan varios funcionarios policiales para llegar hasta las celdas. Parecería exagerada la seguridad y las advertencias minutos antes de pasar junto a las primeras celdas. «Estos calabozos son un infierno» señala uno de los policías a mi lado. Se oye un murmullo masivo, como si estuviesen rezando. En un área de 48 metros que fue construida para albergar a 36 personas, actualmente hay 133. Los espacios que antes eran zonas de visita se han transformado en lugares de reclusión «provisional» para reclusos enfermos o heridos.
La hediondez es penetrante, el calor insoportable. Casi no se puede respirar. No existen condiciones sanitarias para tantas personas. Para asearse solo hay una regadera cercana a las celdas que sirve de ducha. Cada uno tiene que improvisar y guardar un recipiente de plástico y bolsas para depositar su orina y defecar. A simple vista a todos se les ve la piel amarillenta con manchas y grandes marcas; los pies hinchados. «Hermano, ayúdenos para que nos trasladen rápido, acá la sarna y otras enfermedades están acabando con nosotros», nos grita Jonathan un hombre de 37 años ingresado por robo que saca sus brazos con desesperación por entre los barrotes.
Los prisioneros pasan las horas en este sitio concentrados en una sola actividad: levantarse y acostarse. Amarran sábanas que les llevan sus familiares y las convierten en hamacas, ya que es la única forma de conseguir dormir un rato.
Los familiares acuden a diario para llevarles comida y ropa, ya que en el centro policial no tienen presupuesto para esos «lujos». Fuera del centro nos encontramos con Isabel, una madre abnegada que, puntualmente, a las cinco de cada tarde, espera su turno junto a los portones. Su hijo, un chico de 21 años, lleva más de 5 meses recluido por intentar robar una panadería. « Esta situación no se la deseamos a nadie. Se están violando los derechos humanos de toda esta gente sin que importe lo que hicieron. Vamos cada semana a los tribunales y nunca nos dan respuesta».
El alcalde del municipio, Ramón Muchacho, considera que la situación de hacinamiento que se vive en los calabozos de Polichacao «es el reflejo de la realidad judicial que padecen todos los organismos policiales del país» .
Muchacho está convencido de que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, no quiere reconocer que hay una crisis carcelaria y de hacinamiento.
Para nadie es un secreto la anarquía que se vive en las cárceles venezolanas. Hay que pagar para comer, para dormir, para sobrevivir. Dentro de algunas cárceles en Venezuela funcionan grandes redes mafiosas dedicadas al secuestro, las dogas y el tráfico de armas como se vio recientemente en el homenaje al ex capo de la cárcel de San Antonio en la isla de Margarita, un tal «Conejo», en el que fueron exhibidas y disparadas gran cantidad de armas.
La versión oficial vive en otra realidad. La ministra para Asuntos Penitenciarios ha declarado a una TV local que actualmente hay 46.000 personas privadas de libertad en las cárceles del país y apunta que desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en julio de 2009, se ha intervenido en 79 cárceles, para «limpiarlas de corrupción. Un 90% de las cárceles venezolanas están sometidas al nuevo régimen penitenciario», que busca que los reos tengan la oportunidad de reconciliarse con la sociedad, o redimir sus penas.
DESBORDADOS
Denunció que «la corrupción de civiles y militares es responsable de que haya armas y teléfonos celulares en las penitenciarías» puesto que en ellas «solo deben haber escopetas de perdigones de polietileno, para controlar alguna situación que pueda generarse».
El director de la ONG «Una Ventana a la libertad», Carlos Nieto Palma, tiene otra versión de las cifras y dice que «en Venezuela existen alrededor de 52.000 reclusos bajo la tutela del Ministerio para el Servicio Penitenciario y aproximadamente unos 20.000 en retenes y comisarías policiales que dependen, ilegal y arbitrariamente, del organismo donde están detenidos preventivamente». El activista señala que la capacidad real de las cárceles venezolanas es para unos 20.000 reclusos y de 5.000 en retenes policiales y comisarías. «Esto nos lleva a la alarmante cifra de más de 200 por ciento de hacinamiento», concluye.
En cuanto a lo que ocurre dentro de los penales, Nieto Palma reitera que hay que tener claro que todo lo que ocurre en un recinto carcelario es responsabilidad única del Estado venezolano, las cárceles son custodiadas en la parte externa por la Guardia Nacional y en su parte interna por funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario. «Lo que ocurre dentro de las cárceles no se le puede achacar a agentes externos porque todo está o más bien debería de estar bajo el control de las autoridades».
La ministra Varela tenía previsto acudir a la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, pero no ha podido informar a ese grupo «por cumplir con otras actividades».
NUEVO INTENTO DE FUGA
Funcionarios de la Policía Municipal de Chacao han frustrado recientemente un nuevo intento de fuga masiva en uno de los calabozos de la cárcel. Con esta operación, la policía ha detenido a siete sujetos que habían conseguido fugarse de las celdas y que se encontraban cerca de salir del perímetro de seguridad.
A media noche, efectivos policiales se percataron de que una de las ventanas de las celdas estaba forzada. Por ella salieron 80 reclusos y otros siete se encontraban en el techo del penal. Finalmente la situación fue controlada pero ha trascendido que se trata del segundo intento de fuga de los calabozos de un centro policial capitalino, ya que este viernes cinco presos escaparon de la sede de la Policía Municipal de Sucre, en el Coliseo de La Urbina, donde las condiciones de hacinamiento son similares a las de Polichacao.
