A un año de su triunfo electoral, Petro enfrenta crisis en su Gobierno
EFE
El mayor triunfo de la izquierda colombiana, la elección de Gustavo Petro como presidente, cumple su primer año con el Gobierno en dificultades para sacar adelante las transformaciones sociales prometidas y por escándalos de su entorno.
El 19 de junio de 2022 Petro, candidato del Pacto Histórico, llegaba al cenit de su carrera política con su elección como presidente de Colombia en segunda vuelta con una votación de 11,2 millones de votos (50,44 %) gracias a su propuesta de cambio que caló principalmente en la clase media, que siempre se le había resistido.
«A partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra», dijo en su discurso de la victoria, en el que propuso un «gran acuerdo nacional» en un país ampliamente dividido, y aunque comenzó su periodo el 7 de agosto con un gabinete plural, las grietas no tardaron en aparecer.
Con dificultades puso en marcha la «paz total», que contempla negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas de origen paramilitar, y también logró que el Congreso aprobara su reforma tributaria, pero ahí terminó su luna de miel.
Reformas en duda
Sin mayorías legislativas y sin capacidad o voluntad para buscar una concertación, el presidente lucha ahora para lograr la aprobación de sus controvertidas reformas de la salud, laboral y de las pensiones.
Ante los tropiezos, ha endurecido su discurso, apelando como en campaña al apoyo del pueblo y cuestionando la separación de poderes al señalar que el Congreso, al no aprobar sus reformas, desconoce la voluntad popular que lo llevó a la Presidencia porque la gente votó por el cambio.
«El Gobierno tiene que tener claro para dónde va y parece que no tiene claro para dónde va; si el Gobierno da bandazos y da señales de que un día va para un lado y otro día va para el otro, lo que hace es alimentar la incertidumbre y con incertidumbre las políticas públicas se hacen mucho más difíciles de aplicar», manifestó el viernes el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) en la convención bancaria nacional.
Al igual que cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), el mandatario optó por cambiar a ministros que no representan al petrismo puro y duro y ha subido el tono con la prensa, blanco constante de críticas suyas.
«Estamos a un año del triunfo, si esta encuesta es cierta, agradezco al pueblo por saber resistir el embate de los medios que son capital de los hombres más ricos», escribió ayer en Twitter al comentar una supuesta encuesta divulgada por sus seguidores en redes sociales que le da a su Gobierno una aprobación del 47,7 % y una desaprobación del 43,3 %.
Esas cifras contrastan con otro sondeo del 2 de junio, de la firma Invamer, que muestra una aprobación de su gestión del 33,8 % y una desaprobación del 59,4 %.
«Las encuestas dicen que la aceptación de Petro es baja y eso deja mucho que desear pues apenas va a cumplir un año en el poder. Su imagen se ha desgastado por todo lo que ha ocurrido en el Gobierno», manifestó en una entrevista con EFE el exsenador de izquierdas Jorge Robledo, que fue su compañero en el partido Polo Democrático.
El escándalo de Sarabia y Benedetti
Pero lo que más ha afectado al Gobierno es el escándalo por presunto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales que involucra a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, y a Armando Benedetti, exembajador en Venezuela.
La víctima es Marelbys Meza, exniñera de Sarabia, acusada del hurto de un maletín con dinero, lo que desencadenó una investigación irregular por parte de la seguridad presidencial que fue filtrada a la prensa, al parecer por Benedetti, como parte de disputas internas por cargos.
Los dos renunciaron el 2 de junio y Benedetti, que fue clave para la elección de Petro por los votos que le consiguió en la costa atlántica, amenazó con revelar supuestas irregularidades en la financiación de su campaña, para la que dice que consiguió 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares).
En otro giro de la crisis, una semana después apareció muerto, presumiblemente por suicidio, el teniente coronel de la Policía Óscar Dávila, asignado a la seguridad presidencial y relacionado con el interrogatorio y las interceptaciones ilegales a Meza.
«Ahí se combinan varias cosas, cada una su manera muy grave», afirma Robledo sobre el abuso de poder y las amenazas de Benedetti de «contar dónde consiguió 15.000 millones de pesos, dando a entender que eran de origen oscuro».
La oposición, mientras tanto, hará mañana una manifestación que servirá para saber si tiene más fuerza o no que Petro, que hace dos semanas llamó al pueblo a la calle para defender las reformas. EFE
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