A un año de las sentencias que provocaron la última ola de protestas en Venezuela

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó el 28 de marzo la potestad de definir los límites de la inmunidad de los parlamentarios, y al otro día decidió asumir las competencias de la Cámara en virtud del estatus de «desacato» que le había impuesto antes al órgano más votado en la historia del país.

Dos días más tarde, la fiscal general Luisa Ortega, que para ese entonces era aliada del chavismo, denunció que con estas decisiones se había roto el orden constitucional y manifestó su preocupación por tal evento.

Mientras se producía esta declaración, decenas de ciudadanos guiados por dirigentes de la oposición venezolana participaban en una segunda protesta callejera en Caracas, unas manifestaciones que, hasta ese momento, se mantenían tibias y no contaban con más de un centenar de personas.

Días después de las sentencias, el 1 de abril, el Supremo dio marcha atrás en las controvertidas decisiones e informó que «suprimía» algunas partes del polémico mandato, dejando sin efecto la decisión de asumir las competencias del Parlamento.

A las calles

Pero la denuncia de Ortega fue combustible para el antichavismo, que se había desanimado tras un 2016 de numerosas manifestaciones en pro de un referendo revocatorio presidencial que finalmente fue negado por el Supremo y por el Consejo Nacional Electoral.

Miles de ciudadanos salieron a las calles de Caracas el 1 de abril para pedir al entonces defensor del pueblo, Tarek Saab, que declarara la «falta grave» de los magistrados que firmaron las sentencias y así poder destituirlos en el Parlamento.

Saab, un fiel defensor de la llamada revolución bolivariana, se mantuvo imperturbable con el argumento de que el Supremo finalmente reculó en ambas sentencias.

El ánimo de los manifestantes, que se multiplicó en los 23 estados del país, fue en aumento y con ello la respuesta de las fuerzas del orden que, según denuncias de varios organismos internacionales, cometieron abusos y causaron la muerte de algunos de los participantes.

Entretanto, el presidente Maduro se atrincheró en el palacio presidencial de Miraflores mientras su imagen caía en la comunidad internacional que le reprochaba su accionar «antidemocrático».

Bajo este escenario llegó el 1 de mayo y el líder chavista propuso elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin el referendo previo que indica la Constitución, lo que generó el rechazo de numerosos Gobiernos y estimuló la animadversión en las calles que ahora se llenaban de gente repudiando esos comicios.

Una vez que el número de muertos, heridos y detenidos ya era mayor a un centenar en cada una de estas categorías, el Parlamento designó el 21 de julio nuevos magistrados que fueron perseguidos de inmediato por el TSJ señalado de romper el hilo constitucional.

Nada de lo que ocurrió dentro del país petrolero ni la estampida de advertencias que se hicieron desde el extranjero detuvo la cuestionada elección que se concretó el 30 de julio -en la que solo participaron afectos al oficialismo- entre protestas que dejaron una decena de muertos y significó el fin de las manifestaciones.

Aunque el chavismo se ufana de haber obtenido con esas elecciones una victoria de paz, el costo político de sus decisiones aún hoy lo sigue pagando, luego de que Estados Unidos declarara a Maduro como un «dictador» y se emprendieran sanciones sistemáticas desde decenas de países contra su Administración.

El Gobierno venezolano estrenó los poderes incontestables de la ANC, integrada solo por oficialistas, para destituir el 5 de agosto de la fiscalía general a Ortega, que denunció la «ambición dictatorial» de Maduro y fue sustituida por Saab.

Desde entonces, el chavismo ha intentado sin éxito establecer un proceso de diálogo con la oposición para buscar el reconocimiento de la Constituyente y el levantamiento de las sanciones económicas que han mermado los ingresos del país.

La mayoría de las familias de las víctimas de la oleada de protestas reclaman aún hoy justicia por estos casos al punto de que la Corte Penal Internacional decidió abrir un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores. EFE