33% de la población considera que la gestión de Bolsonaro ha sido mala
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“Seguridad y transparencia” son las dos puntas de lanza con las que Jair Bolsonaro llegó en enero al Palacio de Planalto, en Brasil. Sin embargo, luego de más de seis meses de gobierno ninguna de las dos ha brillado en su gestión, reconocida más por un polémico tono autoritario y apenas una victoria en el Legislativo con el primer visto bueno a la Ley de Pensiones en la Cámara.
Un aire de frustración parece tomar fuerza en el país, y se viene reflejando en masivas protestas desde hace dos meses por los recortes al presupuesto de educación y una huelga general por el mal momento de la economía, una crisis que Bolsorano prometió sacar adelante cuando estaba en campaña.
El descontento también es evidente en las encuestas. La última de ellas, publicada el lunes por el Instituto Datafolha, lo registró incluso como el presidente brasileño con la peor evaluación en el primer semestre de gobierno, desde el retorno de la democracia en 1985.
Las cifras no sorprenden, pues desde que venció en las presidenciales de octubre con el 58% de los votos, su popularidad se ha mantenido en descenso, una tendencia que, a la vez, revela cómo se consolida la división política en Brasil.
Para Luis Guillermo Velásquez, profesor y analista político, una primera explicación de esta impopularidad es la incapacidad del presidente de generar confianza y evocar la aclamada “seguridad” con la que ganó la Presidencia “en un contexto de incertidumbre del sistema político brasileño”.
Es que Bolsonaro llegó al poder en medio de una crisis política causada por los tentáculos del escándalo de corrupción con la constructora Odebrecht, que culminó con la prisión del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la destitución de su sucesora Dilma Rouseff y en la desconfianza generalizada hacia el principal partido de izquierda, el de los Trabajadores.
“En ese marco de victoria, el presidente no tenía mucho que ofrecer y se ha limitado a neutralizar a los rivales con una política de reacción, no de construcción, para abordar los problemas públicos, en la que se ha dedicado a los tarifazos, a la apología de la represión, a enfrentarse con la educación superior amenazándola con desfinanciar sus políticas de investigación, a desmantelar el sistema de pensiones y las garantías de seguridad social”, dijo Velásquez.
Con Información de El Nacional
