Solicitan al MP entrevistar a Borges, al General Lugo y víctimas por violencia en la AN | 800Noticias
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Nota de prensa

En su condición de Directoras Ejecutivas de la Organización No Gubernamental Justicia Venezolana, las abogadas Lilia Camejo y Doria Benaím, solicitaron al Ministerio Público investigar y establecer responsabilidades en los lamentables hechos de violencia que este miércoles 5 de julio de llevaron a cabo dentro del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Como se recordará en dichos hechos no solo se causaron destrozos materiales sino que resultaron gravemente heridos 5 diputados y 9 trabajadores de la institución.

En el documento consignado ante la Fiscalía Superior y la Fiscalía 106 del Área Metropolitana de Caracas se solicita, entre otras diligencias: 1) Se tomen declaraciones de las víctimas, entre éstas, de los diputados Américo de Grazia y Alejandro Armas, 2) Se inspeccione exhaustivamente el lugar del suceso, 3) Se colecte todo el material audiovisual (fotografías, videos y grabaciones de voz) que se tenga sobre lo sucedido y 4) Se entreviste no solo a los funcionarios de seguridad de la Asamblea Nacional sino al presidente de la institución, diputado Julio Borges y al General (GN) Vladimir Lugo, encargado de resguardar esa sede de un Poder Público, a fin de que todos relaten cómo sucedieron los hechos y qué hicieron para evitarlos. Asimismo solicitaron designar los fiscales que sean necesarios para que la investigación requerida se inicie de inmediato.

Camejo explicó que dicha solicitud fue presentada ante el Ministerio Público de acuerdo a los artículos 253, 51, 132 y 285, Ordinal 3 y 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Nuestra organización estima que se deben identificar prontamente los responsables de este lamentable hecho los cuales no solo se trata de civiles sino de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional”, indicó la denunciante.

La vocera de la ONG Justicia Venezolana explicó que las acciones desplegadas por parte de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional (GN) constituyen delitos de lesa humanidad de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7, Párrafo 1, Literal H y K del Estatuto de Roma.

Agregó que tanto los uniformados como los civiles conocidos como “Colectivos”, al asaltar la sede del Parlamento venezolano, trasgredieron las normas de orden público, agredieron directamente la vida de los ciudadanos, atentaron contra la vida de las personas que se encontraban dentro del lugar, atentaron contra el orden constitucional y contra un Poder Nacional legalmente constituido, como lo es la Asamblea Nacional.

“Todos estos hechos deben ser investigados por el Ministerio Público, organismo que deberá establecer las responsabilidades del caso”, precisó Camejo.

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