La liberación del capo mexicano pone en el banquillo al sistema de justicia | 800Noticias
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MÉXICO, (AFP) – La liberación del capo mexicano Rafael Caro Quintero, después de 28 años en prisión y 12 antes de completar su condena por asesinar a un agente de la DEA, que provocó fuertes críticas en Estados Unidos, pone en el banquillo de los acusados al sistema de justicia mexicano, señalan expertos.

Un juez de Jalisco (oeste) ordenó el miércoles pasado la salida de Caro Quintero, de 60 años, del complejo penitenciario de Puente Grande, debido a una falla en la jurisdicción del proceso sobre el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena y su piloto mexicano Alfredo Zavala.

El magistrado argumentó que debió ser juzgado en el fuero común, y no en el federal como se hizo, ya que en el momento de su asesinato Camarena no estaba acreditado como agente de Estados Unidos, anulando la sentencia de 40 años de cárcel que había recibido Caro Quintero por el crimen cuando tenía 24 años en prisión.

“Es muy probable que haya habido corrupción en su liberación… estamos hablando de uno de los narcotraficantes más peligros”, dijo el domingo a la AFP, Raúl Benítez, experto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Caro Quintero formó el ahora extinto cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, alias “Don Neto” -también encarcelados- constituyéndose en la primera gran generación de narcotraficantes mexicanos asociados con capos de Colombia para enviar drogas a Estados Unidos.

Una imagen que ilustró en la década de 1980 su desmesurado poder fue la fotografía de una enorme montaña de 8.000 toneladas de marihuana decomisadas en lo que era su rancho, llamado El Búfalo, ubicado en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. En venganza por ese decomiso, ordenó el asesinato de Camarena.

La Asociación de Antiguos Agentes Federales de Narcóticos de Estados Unidos calificó este domingo a Caro Quintero como un “violento carnicero”.

Esa agrupación sostuvo que su liberación “es otro ejemplo de cómo los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para colaborar con el gobierno mexicano pueden verse frustrados por las poderosas fuerzas de la oscuridad que trabajan en las sombras del sistema de justicia mexicano”.

Inmediatamente después de la liberación del capo, la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluso la fiscalía mexicana expresaron su preocupación por el fallo del juez.

El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, expuso además que el juez “ignoró por completo” un criterio establecido en marzo por la Corte Suprema de Justicia al decretar el sobreseimiento de las causas penales contra Caro Quintero cuando en realidad “debió haber remitido el expediente al juez que estimara competente”.

En tanto que la DEA dijo que buscará que Caro Quintero enfrente a la justicia estadounidense. Un funcionario del gobierno mexicano que pidió el anonimato dijo a la AFP que hasta este domingo no existía ninguna petición de captura con fines de extradición de Estados Unidos.

“Es un hecho que este tipo de fallos ponen en el banquillo de los acusados al sistema de justicia mexicano que tiene muchos casos con errores graves en los procesos penales”, declaró a la AFP Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La excarcelación de Caro Quintero se produjo días después de que Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fue exonerado por el delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) que le había imputado la fiscalía en la década de los 90, lo que generó en días pasados la molestia de varios sectores.

Raúl Salinas, que trabajó en el gobierno de su hermano, fue arrestado por los cargos de asesinato y lavado de dinero, y en junio de 2005 salió libre tras 10 años en la cárcel al ser absuelto tanto de homicidio como de lavado de dinero.

Además de Caro Quintero, uno de sus ex socios, Ernesto Fonseca, alias “Don Neto”, podría ser también liberado en unos 15 días, según ha dicho a la prensa su abogado, José Luis Guízar, que ha interpuesto un amparo bajo los mismos argumentos por los que fue liberado el capo.

 

 

 

 

 

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