ESPECIAL| El balance que dejaron las OLP en los índices de criminalidad | 800Noticias
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Caras y Rostros

Román Camacho

La Operación Liberación del Pueblo, mejor conocida como “OLP”, fue un plan de seguridad creado en el julio del año 2015 por el General Gustavo González López durante su periodo como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ese plan surge para combatir las mega bandas, ellas eran quienes controlaban, y aún controlan, las calles. Los sectores de El Cementerio, El Valle y la Cota 905, en Caracas, eran los principales objetivos de los despliegues policiales. militares1

El gobierno apostó por esta operación luego de haber alertas que indicaban que el problema de la violencia estaba fuera de control. El índice de asesinatos de policías o militares se disparó a nivel nacional, hasta el 20 de diciembre solo en La Gran Caracas se contabilizaron 126 oficiales asesinados durante el año 2.016.

La primera OLP se realizó en la Cota 905, el objetivo era dar con el paradero de la banda de “El Coqui”, desde entonces, su líder se ha mantenido prófugo de la justicia y la banda continua operando en el sector a pesar de haberse realizado 4 OLP en la zona.

El balance del primer operativo fue de 15 presuntos delincuentes abatidos en enfrentamientos, reportes extraoficiales hablan de más de tres decenas de muertos. Luego del operativo, la morgue de Bello Monte fue militarizada y familiares fueron amenazados para que no hablaran con la prensa. Todos los operativos al ser ordenados desde presidencia parecen no necesitar órdenes judiciales para allanamientos y tienen completa libertad durante su ejecución.

Durante meses se realizaron despliegues con el mismo Modus Operandi, funcionarios policiales ingresaban a los sectores durante un madrugonazo y en “enfrentamientos” fallecían entre 10 a 20 presuntos antisociales por operación.

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Las alarmas se dispararon con las múltiples denuncias de desapariciones forzosas, asesinatos de familiares de los líderes de las bandas (quienes eran inocentes), denuncias de ejecuciones extrajudiciales y las cifras inexistentes de funcionarios heridos durante la mayoría de los operativos.

Aumento de las muertes violentas por resistencia a la autoridad

En mayo de 2016, el aún ministro de Interior, Justicia y Paz para el momento, Gustavo González López, anunció una nueva fase de la OLP y por segunda vez Coche, El Valle, El Cementerio y la Cota 905 fueron visitadas de manera sorpresiva por las autoridades.

Durante esta segunda fase aumentaron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de muertes de personas inocentes en manos de los cuerpos de seguridad.

Un caso muy conocido fue el de  Kellinyer Gallegos el 11 de mayo del 2016. Comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron a la Cota 905, entraron a su casa, preguntaron por su nombre y al ver que se llamaba Gallegos Revette le efectuaron un disparo, posteriormente efectuaron dos disparos a la nevera y reportaron que hubo resistencia a la autoridad. Kellinyer es el sobrino de “El Coqui”.

Durante ese procedimiento, y luego de asesinar a su hijo, amenazaron a Natalie Gallegos, hermana de “El Coqui” y madre de Kellinyer, le robaron 60.000 Bs en efectivo, un televisor y se llevaron detenida a su progenitora para que dijera dónde estaba el delincuente que buscaban. Desde ese momento iniciaron las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales.

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Durante las OLP nunca se tomó en cuenta el número de víctimas ya que el gobierno lo veía como un avance y un ataque a la delincuencia, realmente estaban asesinando a inocentes y asesinaban a los delincuentes privándolo de un juicio justo. La mayoría de las personas inocentes que fallecieron durante presuntos enfrentamiento recibieron un solo disparo en el pecho.

 A un año de estos operativos, el presidente Nicolás Maduro designó al mayor general Néstor Reverol como nuevo Ministro de Interior, Justicia y paz, esto con el fin de “fortalecer” las OLP, plan que inició con González López.

 En esta nueva etapa de las OLP ascendió a 80 el número de muertos durante la incursión de los cuerpos de seguridad en los estados Miranda, Bolívar, Lara, Mérida, Distrito Capital, Táchira y Monagas, lo que significa un incremento de 57% respecto al mismo período del año 2015 cuando se contabilizaron 51 fallecidos en esos procedimientos.

Esta nueva fase comenzó el jueves 6 de octubre y ha sido considerada por las ONG que trabajan la materia de derechos humanos como la más agresiva.

Las cifras de muertes violentas aumentaron por estos operativos, el móvil de la venganza y el robo fue desplazado rápidamente por el móvil de la resistencia a la autoridad (enfrentamientos).

 El destape de la olla

Las OLP fueron puestas bajo la lupa luego del hallazgo de 12 cuerpos en una fosa común en Barlovento. Trascendió que los cuerpos provenían de caseríos adyacentes luego de que la Fuerza Armada Nacional ingresara a los sectores buscando delincuentes y se llevaran a detenidos.

Lo mismo ocurrió en el estado Sucre, durante la conocida masacre de Cariaco. Efectivos del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS) ingresaron al sector y asesinaron de disparos en la cabeza a nueve personas durante una presunta OLP. Las victimas resultaron ser personas trabajadores que no tenían vinculación con las bandas.

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En Barlovento los familiares antes de encontrar los cuerpos de las 12 personas asesinadas, tardaron más de 40 días en hallarlos, iban de comando en comando preguntando por ellos y solo les respondían que no tenían conocimiento de las detenciones. Luego del atroz hallazgo la FANB se conmociono y detuvieron a once efectivos militares por la masacre de Barlovento. En Cariaco detuvieron a 5 funcionarios por el asesinato de nueve mineros.

A partir de este momento la OLP quedo en evidencia como un operativo de ejecuciones extrajudicial con falta de carácter investigativo y de respeto a los derechos humanos.

Para el abogado experto en DDHH, Rafael Narváez, la gravedad de lo ocurrido en la zona de Barlovento radica en que en estas muertes estarían involucrados militares de diversos rangos como capitanes, mayores y sargentos que conforman la Operación para la Liberación del Pueblo, OLP. “Es decir, una estructura criminal responsable de trece personas asesinadas y con posibles implicaciones en un número no determinado de personas desaparecidas bajo la denominación de las OLP, que no es más que un grupo de exterminio el cual debe ser eliminado”.

 El Abogado destacó que “El Estado tiene que entender que en Venezuela no hay pena de muerte. El artículo 46 de la Carta Magna establece el derecho a la vida, por lo tanto, es contrario a nuestro ordenamiento jurídico que algo como la OLP esté dando partes en lo que anuncia cuantos fueron dados de baja en supuestos enfrentamientos cuando la realidad es que entran a las casas sin orden de allanamiento, se llevan los bienes, incomunican a las personas y luego las desaparecen, como es el caso de Barlovento y antes de Cariaco”, enfatizó.

Incidencia en la criminalidad o en la tasa de muertes

La cantidad de muertes violentas aumentaron considerablemente desde las OLP, las calles continúan inseguras y las bandas continúan creciendo. Quedó evidenciado que no son útiles para reducir la criminalidad sino para aumentar la cifra de muertos.

Según el abogado, criminólogo y ex PTJ, Javier Gorriño, las OLP han sido una copia al carbón del Plan Unión, “lo único positivo que tenía ese plan era que se podían hacer detenciones administrativas, se podía detener a alguien para chequear antecedentes (…) luego se tenía otra herramienta que era la ley de vagos y maleantes. Esa ley consistía que alguien al ser un delincuente, al ser ocioso y no aportar nada a la sociedad, se ponía a orden del gobernador para que lo trasladaran a lugares alejados para que realizara trabajos o estuviera detenido”.

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En la actualidad no se permiten las detenciones administrativas, la única forma de detener a una persona es que esté cometiendo un delito en flagrancia o esté solicitada por tribunales. “El ministro al decir que hubo 200 detenciones durante una OLP está aceptando, públicamente, que hizo 200 detenciones ilegales. Luego los enfrentamientos contra las comisiones fueron muy grises con gran opacidad, normalmente cuando hay un intercambio de disparos se da la información de cuántos expedientes tenía abiertos, por cuáles cargos estaba solicitado y cuántas armas incautaron, eso no se ve. Luego dejaron de usar la palabra “enfrentamiento” y comenzaron a usar “abatidos” y no se dio más información. Paralelamente a estas declaraciones oficiales, las personas en los barrios denunciaron que lo ejecutaron, que los robaron, que ingresaron sin órdenes de allanamiento y que los amenazaron. Barlovento fue el colmo de las OLP, algunos políticos han querido compararlo con operaciones de la DISIP, pero en esas OLP los capturaron al frente de todo el mundo, los detuvieron 3 días y los desaparecieron. Se habla de ese caso pero hay silencio oficialmente, no se dijo como murieron”, expuso Gorriño.

 “Las OLP son ilegales, si antes no eran efectivas, hoy por hoy son menos efectivas. Se violan todos los derechos humanos. Es difícil comandar una OLP cuando van varios organismos policiales con diferentes liderazgos. La gente está harta del delito y por eso aplaudían las OLP, pero con el tiempo, ven que no se respetan los derechos humanos, mueren inocentes y ahora las rechazan”, enfatizó el criminólogo.

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Según la experiencia de Gorriño, la tendencia en las cifras se ha mantenido igual, los homicidios aumentaron, los robos siguen aumentando, los secuestros han disminuido pero se debe a que las personas ya no denuncian estos hechos. El experto asegura que sea normal que haya una baja temporal inmediata de los índices al momento de una OLP, pero luego esos índices aumentan porque luego que las bandas huyen, deciden reorganizarse y actúan nuevamente.

Las cifras no han disminuido, continúa el promedio de 10 a 16 muertes diarias en Caracas, las bandas continúan operando, los índices de homicidios, secuestros y robos siguen en aumento, en fin, otro plan que no da resultados.

El futuro de las OLP

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Diaz, luego de más de 800 muertes durante las OLP (cifras según denuncias recibidas por PROVEA) y la masacre de Barlovento, dijo que habría que revisar la actuación de los cuerpos de seguridad durante estos procedimientos.

Expertos como Gorriño opinan que se tenía que haber investigado desde la primera OLP en la Cota 905 y no en estos momentos. Lo que se puede concluir con la experiencia del gobierno nacional en más de 22 planes de seguridad fallidos, es que las OLP serán el plan número 23 y pasarán a la historia como uno de los planes donde hubo mayor violación a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales sin ninguna incidencia en los índices de criminalidad.

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