Colombianos emigran a Miami por temor a que su país se convierta en otra Venezuela
Con información de El Nuevo Herald
William Otalora planea desde hace tiempo establecerse como empresario en el sur de la Florida. Está dispuesto a dejar su puesto ejecutivo en una compañía estadounidense en Bogotá y mudarse con su familia a Coral Springs, en Broward, para desarrollar su propio negocio.
La semana pasada asaltaron a su esposa en una zona céntrica de Bogotá. Aunque ella no estaba hablando por el teléfono celular en la calle, algo que los colombianos se cuidan de hacer, los ladrones le metieron la mano en la cartera y le robaron el aparato. Ese fue el puntillazo que aceleró los planes de mudanza.
En Bogotá han aumentado los atracos a mano armada, y los ciudadanos se siente sin protección porque los delincuentes quedan libres al día siguiente, asegura. «No hay infraestructura carcelaria ni robustez en la legislación para combatir este tipo de crimen».
El empresario no aprueba la gestión de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá ni la del gobierno de Juan Manuel Santos. «Somos uno de los países con más carga tributaria de Latinoamérica y eso no se nota en la infraestructura. No hay desarrollo», añade.
Otalora es uno de los tantos colombianos a los que la inseguridad ciudadana y la corrupción los está llevando a cifrar sus esperanzas en el sur de la Florida. Además, los atemoriza la posibilidad de que Gustavo Petro, el candidato de izquierda y simpatizante del modelo chavista, llegue a la presidencia en mayo, según expertos consultados.
Según la Miami Association of Realtors, los colombianos son los extranjeros más interesados en comprar propiedades en Miami. El informe de esta organización, emitido en enero, indicó que la mayoría de búsquedas en su portal provienen de Colombia. Esta es una tendencia que se mantiene desde hace más de un año, de acuerdo con otro informe emitido en agosto.
En el 2017, los colombianos ocuparon el cuarto lugar entre los compradores internacionales en el sur de la Florida, y representan un 9 por ciento, en empate con los canadienses. Esta lista la dominan los argentinos y los venezolanos, que representan el 15 y el 11 por ciento de los compradores, respectivamente.
El empresario y activista colombiano Fabio Andrade, presidente de Americas Community Center, una organización de ayuda al inmigrante con sede en Weston, explica que la mayoría de los colombianos que emigran a la Florida pertenece a una clase media y empresarial.
Su objetivo principal es beneficiarse de la seguridad financiera y de las posibilidades de inversión que se le ofrecen aquí. También están interesados en la calidad de las escuelas y el ambiente familiar de muchos vecindarios.
Han tenido mucho contacto con la Florida porque vienen con frecuencia, tanto por trabajo como de vacaciones, dice Andrade.
Prefieren establecerse en Weston, Pembroke Pines, la zona de Biscayne, Miami Shores y Aventura, donde hay una fuerte presencia de la comunidad hebrea colombiana.
Algunos compran propiedades en efectivo y otros aprovechan los bajos intereses de los préstamos para la vivienda.
Otalora señala que lo atrae en especial la tranquilidad y las oportunidades de negocios que le brinda la Florida.
«Sé que el costo de vida es más alto, pero obviamente se manejan ingresos más altos».
Bien lejos de Petro
En los últimos tiempo, una nueva incertidumbre asalta a muchos colombianos: la posibilidad de que Gustavo Petro, el candidato de la izquierdista Inclusión Social para la Paz, llegue a la presidencia.
Petro, que tiene un pasado guerrillero, se medirá en las urnas con el candidato uribista Iván Duque el 27 de mayo.
El abogado Martin Rosenow, cuya firma se especializa en inmigración y cuenta con una numerosa clientela de colombianos, confirma que ha visto un «pico» en las solicitudes de visas de empresarios colombianos en los últimos seis meses.
«La gente siente temor de que Colombia se vaya a convertir en una Venezuela, y las personas que tienen dinero y los empresarios están buscando la manera de establecerse en Estados Unidos y de proteger el capital que han construido durante muchos años», dice Rosenow.
Los colombianos pueden aspirar a la visa E1, para sostener intercambios comerciales con este país, y la visa E2, destinada a los inversionistas.
«Estas visas les permiten tener un estatus legal y trabajar durante cinco años, y si el negocio sigue activo, pueden renovarlas de manera indefinida», puntualiza el abogado.
«Temen que Petro afecte la empresa privada y que haya un aumento de los impuestos», reconoce.
Andrade coincide en que hay mucha incertidumbre porque no hay estabilidad política.
«Si gana la izquierda, habrá un proceso de impunidad a los narcotraficantes», anticipa. «Hay muchas personas que no ven con claridad el futuro para su familia».
Por otra parte, la situación que vive Venezuela se aprecia «en vivo» en Colombia, afirma Andrade.
Él mismo pudo comprobarlo en un viaje que hizo recientemente a Machetá, una población a hora y media de Bogotá, donde se han establecido un centenar de venezolanos que huyeron de su país.
«Esta gente vino a trabajar en lo que sea», cuenta Andrade, que percibió el malestar que surgía entre los residentes de Machetá porque los exiliados venezolanos están cobrando menos por sus servicios.
«El mecánico venezolano cobra la mitad de lo que cobraba el mecánico de toda la vida en Machetá», ejemplifica.
Al mismo tiempo señala que la presencia de los venezolanos en su país ha servido para «educar e informar al pueblo colombiano sobre la preocupación por la posible llegada de otro castrismo».
La inseguridad también preocupa a Andrade, que fue aconsejado por los residentes de Bogotá acerca de la cautela que debía tener incluso en sitios exclusivos como la zona G de Bogotá, donde se encuentran algunos de los mejores restaurantes.
«‘Si vas a caminar, quédate en estas dos cuadras’, te dicen».
Andrade señala que el país salió de «un conflicto armado con bandoleros y terroristas para que ahora la inseguridad comunitaria esté en todas partes».
Sin embargo, Colombia tuvo en el 2017 la tasa más baja de homicidios en 42 años, con 11.781 en todo el país. En 1990, en medio de la guerra con el cartel de Medellín, fueron asesinadas solo en esa ciudad 7.000 personas.
