Afirman que designación de magistrados es un fraude contra el pueblo | 800Noticias
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Redacción.- Mantener una situación de politización en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se garantice que los magistrados respondan al gobierno y a la mayoría saliente del Poder Legislativo, es el objetivo de la designación extemporánea de estas autoridades anunciada el martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Durante el II Simposio Juicio a la Justicia, organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones en el marco del 67° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el abogado Luis Alfonso Herrera, de la ONG Un Estado de Derecho, explicó que al actual Parlamento no le corresponde escoger a los sustitutos de los magistrados que se acogieron a la jubilación anticipada, sino que esto es tarea de la próxima Asamblea Nacional.
“El periodo que cumple una parte de los magistrados designados en el año 2004 vence en el año 2016 y no en el año 2015. Estos nombramientos no solo constituyen un desconocimiento de la Constitución sino un fraude a la voluntad popular”, declaró Herrera al insistir que los diputados actuales deberían limitarse a un rol meramente administrativo.
El abogado dijo que la reforma a la Ley Orgánica del TSJ, efectuada en 2010, estableció una serie de simplificaciones al proceso de consulta e impugnación de designaciones. A esto habría que añadirle el desconocimiento de los plazos establecidos para los nombramientos y la falta de idoneidad para tales cargos, pues se trata de postulados que actualmente son diputados o han pertenecido al partido de gobierno.
Herrera alertó sobre la intención de designar nuevos magistrados por menos de la mayoría calificada que exige la Constitución: dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea y no de los diputados presentes en la sesión respectiva.
Tales pretensiones deberían atajarse, a su juicio, a través de la revisión de la constitucionalidad de los actos de designación realizados tanto en diciembre del año 2014, como del año en curso; conforme al Artículo 90 del Reglamento  Interior y de Debates de la Asamblea, que establece la posibilidad de que el parlamento revise sus propios actos y los revoque.
“La vía no puede ser la remoción o destitución porque, según la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, para que esto ocurra el Consejo Moral Republicano (Contralor, Fiscal y Defensor) tendría que autorizar dicho procedimiento. Además, quien cometió el vicio fue la Asamblea Nacional -al designar a personas sin imparcialidad-. De manera que no es una falta imputable a los magistrados en ejercicio de sus cargos, sino una irregularidad imputable al Parlamento. Ella revisaría, declararía la nulidad absoluta de esas designaciones y debería proceder de inmediato a iniciar procedimientos de renovación de esos cargos; así como designación del poder ciudadano y de los integrantes del CNE, porque allí no hubo designaciones sino nombramientos provisionales por parte de la Sala Constitucional”, añadió.
El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Carlos Ayala Corao, enfatizó que estas designaciones no respetan los estándares mínimos de transparencia, participación ciudadana y méritos, además de realizarse en tiempos atropellados.
Ayala Corao indicó que a partir del 5 de enero estas designaciones deberán dejarse sin efecto pues se requiere combatir la impunidad en el Tribunal Supremo de Justicia, donde los mandatos obedecen a criterios filiales al Gobierno.
El también miembro del Consejo de Honor de la Comisión Andina de Juristas recalcó que la nueva mayoría parlamentaria no puede caer en revanchismos: “Como no ha servido una justicia chavista tampoco serviría una justicia de la MUD, Mesa de la Unidad Democrática. Los venezolanos nos merecemos una justicia de verdad con competencia, méritos, transparencia e independencia, que si tiene que darle la razón a una víctima en contra del Gobierno no le tiemble el pulso, pero que si el gobierno tiene la razón constitucionalmente también se la pueda dar”.

Balance en rojo

Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo que los más de 75 mil internos que constituyen la población reclusa del país, evidencian la falta de experticia, gerencia y disposición para solucionar el problema de las cárceles venezolanas.
Prado considera que además del tema del hacinamiento en las prisiones, la criminalización del ejercicio periodístico también expresaría la poca voluntad gubernamental para respetar los derechos humanos en Venezuela.
“El Estado ha impulsado la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos pero pretende impulsarlo sin tener un diagnóstico que le permita saber cuáles son los puntos que deben revisarse dentro del área de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”.
Marino Alvarado, abogado de Provea, alertó sobre el incremento de sentencias que establecen restricciones progresivas al ejercicio de los derechos, en vez de garantizarlos. Informó que en los últimos días esta organización ha recibido siete denuncias de personas que habrían sido despedidas supuestamente por haber votado, durante las parlamentarias, por una opción distinta a la oficialista: “Se criminaliza la opinión diferente, no solo política sino disidente”.
Con relación a los ataques a la prensa, el Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, indicó que solo entre octubre y noviembre de este año han recibido 33 denuncias de violación a la libertad de expresión. Intimidación, censura, restricciones administrativas, amenazas, hostigamientos verbales y judiciales y agresiones fueron los delitos más reportados por los periodistas.
Guía recomendó revisar en profundidad el comportamiento de los medios públicos y que sean los propios ciudadanos quienes reclamen sus derechos.
Nota de prensa
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