A la compleja cotidianidad que viven los venezolanos, por la crisis humanitaria compleja, se suma la incidencia que tiene el flujo de las Economías Ilícitas en la población que se traduce en la mutación de las estructuras y dinámicas sociales, de acuerdo con el análisis Economías Ilícitas y su impacto en los Derechos Humanos publicado por Transparencia Venezuela.
Con el apoyo de expertos, la organización impulsó una evaluación de los resultados obtenidos en el estudio denominado Economías Ilícitas bajo el manto de la impunidad desde la perspectiva de Derechos Humanos, para tratar de entender el rol del Estado en el respecto de las garantías más elementales de la ciudadanía en un escenario de tanta dificultad.
Además, la comprensión del impacto negativo que ocasionan estos flagelos- como contrabandado de minerales, combustible y drogas, la trata de personas, así como la extorsión- en el modus vivendi de las personas, busca contribuir a la identificación e implementación efectiva de acciones que permitan mitigar y revertir estas actividades.
La impunidad y la corrupción: las principales distorsiones
En lo institucional el estudio afirma que las principales distorsiones son la impunidad y la corrupción generalizada. “Este tipo de desconfiguración se constituye en una afectación transversal a todos los sectores que hacen vida en el país, puesto que incide en la no resolución de otros ilícitos. Desde Transparencia Venezuela se logró precisar casos en los que los cambios institucionales y legales han generado e impulsado la actividad criminal”, se lee en el informe.
El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son dos grandes “transgresores”, según el análisis. “La centralización y control del poder en el Ejecutivo decantó en una reestructuración institucional en la que se favorece el uso discrecional de recursos y toma de decisiones públicas contrarias a las buenas prácticas, pero, además, ajenas a la penalización”, se acota.
También se han impulsado otras acciones que son “contrarias a la autonomía y capacidad del sistema de justicia”. Se destaca que un marcado patrón en el sistema judicial “vulnera los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva” a través de la revictimización, cobro por diligencias y dilaciones indebidas, entre otras acciones.
“Reformas legales intempestivas, decisiones políticas y decretos presidenciales fueron aminorando los sistemas de contrapeso hasta ser casi inexistentes. Todo ello ha favorecido el desarrollo y expansión de economías ilícitas, así como el robustecimiento de alianzas en las redes de crimen organizado”, señala el análisis.
En los hallazgos de Transparencia Venezuela, por ejemplo, se muestra que los estados fronterizos se vuelven especialmente vulnerables a los embates de las economías ilícitas y, por ende, “se produce una afectación diferenciada para quienes habitan estos espacios o deben transitar por esas zonas”.
“Esto ha incidido en las condiciones de vida de sus habitantes obligándolos a vivir a la merced de sus decisiones y en el peor de los casos, mutar sus perspectivas de vida para que no choquen con tan cruenta realidad”, se señala en el informe.
El efecto en la vida de los ciudadanos
En medio del quiebre del sistema escolar, por ejemplo, “muchos no conciben la educación como algo rentable en sus vidas y se dedican a desempeñar cualquier actividad, que puede ser lícita o no”, por lo que muchos jóvenes ven en las actividades relacionadas con las economías ilícitas una opción: enrolamiento en grupos armados, tráfico o microtráfico de drogas, venta ilegal de combustible, recolección de chatarra, o extracción y procesamiento de oro
“Ante necesidades que asfixian y pocas alternativas de vida, las personas ven en la ejecución de actividades ilegales una salida. Esto ha significado que en las comunidades exista una mutación de conductas, prácticas, costumbres y patrones socioculturales que anteriormente tenían. Existen poblaciones donde todas las dinámicas sociales giran en torno a actividades conexas relacionada con algún tipo de economía ilícita”, se apunta.
También, “gracias a la gestión social las organizaciones criminales han logrado consolidarse en la aceptación del colectivo”, se señala en el estudio. Esto se debe fundamentalmente a que las redes delictivas se han dedicado, en algunos estados del país, a la recuperación de canchas, construcción de escuelas y comedores, entrega juguetes a los niños, así como abastecimiento de centros de salud, entre otras actividades.
Se destaca también que muchos venezolanos han naturalizado el tema del tráfico de drogas en esas entidades “y no solo participan de las actividades de contrabando, sino en las relativas a su preparación. Se conocieron familias enteras que trabajan en los cultivos de coca.”
Las actividades delictivas tienen un impacto directo en la salud de las personas. “En el caso de la explotación de minerales, las personas están en exposición constante a químicos como el mercurio, lo que trae consigo enfermedades en la piel, pulmones, el sistema nervioso, inmunológico, intestinal y digestivo.” Los raspadores de coca, en el estado Zulia, por ejemplo, “se lesionan las manos por la constante fricción para arrancar las hojas de las ramas, lo que les genera hongos, ampollas, quemaduras, infecciones y sangrado.”
