+VIDEO | ONU pide parar crímenes de lesa humanidad en el país
800 Noticias
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este viernes desde Ginebra la actualización oral de su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para pedir el cese de los crímenes de lesa humanidad y de la impunidad en el país.
«Hay una situación de impunidad que debe ser atendida», alertó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, quién además manifestó preocupación por las vulneraciones a los derechos humanos de los venezolanos.
«Hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio. En la segunda mitad de 2021 se produjeron dos muertes en prisión relacionadas con la falta de atención médica», detalló.
Durante la actualización del informe, Valiñas, al igual que hizo la Alta Comisionada Michelle Bachelet ayer, hizo mención del caso de Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes, detenido y acusado de terrorismo e incitación al odio mientras su estado de salud es crítico.
«La Misión recibió información de que recibió tortura psicológica», indicó.
También se refirió a otros casos como el del periodista Roland Carreño, quien se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide; Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta; Juan Carlos Guillén, abogado defensor de varios detenidos por razones políticas y Reyes Gabriel Hernández González, ambos presos en la Dgcim de Apure; y Orlando Moreno, detenido desde 2017.
«Desde septiembre de 2021 se han realizado algunos avances en el traslado de personas fuera de los centros de detención del Sebin y de la Dgcim, de acuerdo con un Decreto Presidencial de mayo de 2021. Sin embargo, es preocupante que algunos opositores al Gobierno o personas percibidas como tal, no hayan sido trasladadas. Igualmente preocupantes son los informes de que la Dgcim sigue trasladando nuevos detenidos a Boleíta», añadió.
En la presentación del Informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre 🇻🇪 Marta Valiñas indicó, que las personas bajo custodia del Estado no reciben atención médica adecuada y la salud de muchos se deteriora.@ONU_es pic.twitter.com/P4Dejw2S6X
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) March 18, 2022
La presidenta de la Misión denunció que familiares del Capitán Acosta Arévalo y Fernando Albán no han podido participar en los procesos judiciales, como dicta la ley en el país. Indicó que sus derechos no han sido respetados.
#18Mar | Misión de la ONU sobre Venezuela denuncia que familiares del Capitán Acosta Arévalo y Fernando Albán no han podido participar en los procesos judiciales, como dicta la ley en el país: “Este derecho no ha sido respetado”. pic.twitter.com/J4oQOcB8aO
— 800 Noticias (@800Noticias_) March 18, 2022
«Hoy la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada. Han soportado una década de crisis política, social, económica y de derechos humanos. La muestra de todo ello son los más de seis millones que debieron abandonar el país. Continuaremos trabajando de manera independiente e imparcial en el país», sentenció.
«Reforma al TSJ aumenta la influencia política sobre el poder judicial»
La Misión de Determinación de Hechos insistió en que las reformas a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afecto al chavismo, llevadas acabo por Asamblea Nacional (AN) chavista no resuelven «la falta de independencia judicial en Venezuela».
«Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil. Las enmiendas otorgan también más poderes a la Asamblea Nacional, permitiéndole nombrar a figuras clave del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura», mencionaron.
Finalmente informaron que ampliarán sus investigaciones «a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de violaciones a los derechos y delitos».
