+VIDEO | Foro Penal: ONG’s y sociedad civil deben ser contralores de las actuaciones políticas | 800Noticias
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Mildred Manrique

El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, considera que en este momento tan histórico que atraviesa Venezuela la sociedad civil debe tener representación y ser contralor de las actuaciones políticas en pro de velar por el cumplimiento de la defensa de los Derechos Humanos y la democracia.

En este sentido, Romero anunció la creación del Consejo de la Sociedad Civil para el respeto de los Derechos Humanos y la Democracia, canal de comunicación disponible en su página web en la que recibirán denuncias y sugerencias.

La ONG hará reportes semanales para comunicar a la comunidad internacional y nacional lo que está ocurriendo en Venezuela, con respaldo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sobre la transición pacífica dijo que se requiere de la participación obligatoria de la sociedad civil y un “no rotundo a la impunidad”.

Respecto a la Ley de Amnistía propuesta por la Asamblea Nacional (AN) señaló que se deben respetar las pautas internacionales y las constituciones que regulan estas fórmulas de consideración de ciertos y determinados hechos.

“En este sentido exigimos de la Asamblea Nacional que en todo caso la Ley no favorezca la impunidad de personas que hayan violado los derechos humanos”, señaló Romero.

Iniciativas

El Foro Penal también se suma a la propuesta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de incluir una cláusula separada y expresa que defina y reconozca el mandato expreso del artículo 29 de la Constitución que impida que se conceda una amnistía a quienes hayan cometido crímenes de guerra o lesa humanidad y a quienes hayan incurrido a violaciones de los derechos humanos.

Gonzalo Himiob, director de la ONG, pidió que “se respeten las fórmulas de justicia transicional que son objetivos y finalidades diferentes; una cosa es la amnistía como mecanismo de la justicia transicional y otra muy distinta es la consideración de beneficios o incentivos procesales o jurídicos para quienes hayan cometido crímenes y muestren eventualmente su disposición a aceptar culpas”.

Debemos destacar que se deben respetar los criterios jurídicos nacionales e internacionales para que se fundamenten los hechos sobre los cuales se promulgará la Ley de Amnistía.

El Foro Penal coordinó una iniciativa en el año 2016 que fue avalada por al menos 50 organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras y con más de 100 expertos jurídicos, la cual fue remitida a la AN y no fue tomada en cuenta.

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