TSJ confirma constitucionalidad de Estado de Excepción en Zulia y Apure
AVN.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ayer martes la constitucionalidad de los decretos 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, que establecen el Estado de Excepción en siete municipios fronterizos del estado Zulia (Noroeste) y tres de Apure (Suroeste), activados por el presidente Nicolás Maduro el pasado 15 de este mes y publicados en la Gaceta Oficial ordinaria número 40.746.
El Estado de Excepción fue decretado en los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada, la Cañada de Urdaneta, Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del estado Zulia; así como en los municipios Rómulo Gallegos, Pedro Camejo y Páez de la entidad apureña.
El TSJ declaró la absoluta, plena e integral constitucionalidad de estos decretos, pues cumplen con todos los parámetros establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativas.
Un boletín de prensa del TSJ informa que las sentencias 1177, 1178, 1179 y 1180 de la Sala Constitucional señalan que el objetivo de los decretos es evitar «el contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que vulneran el orden público, la seguridad y defensa, además de la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza, y del resto de la nación».
Además, considera que esta medida responde a la necesidad de continuar con la protección de las instituciones «expresión directa del Poder Público y del Poder Popular, que fueron rebasadas en sus funciones y derechos de control y paz social en los municipios sobre los cuales versa el decreto».
El Estado de Excepción en los siete municipios del estado Zulia y los tres de la entidad apureña, como parte de las acciones que ha tomado el Gobierno nacional para restablecer la paz y el orden en la frontera con Colombia, se suma al ya decretado en los municipios zulianos Guajira, Mara y Almirante Padilla y en 10 municipios del estado Táchira.
El Gobierno nacional ha ordenado estas medidas para proteger a la población de la frontera, afectada por prácticas paramilitares y mafias dedicadas al contrabando de extracción de productos venezolanos hacia la nación neogranadina.
