Tribunal 51 de Control se pronuncia en caso del Concesionario La Venezolana
Con información de Anauco.net
Finalmente, el pasado 21 de octubre, el tribunal 51 de Control del Área Metropolitana de Caracas, se pronuncia y admite la acusación realizada por el Ministerio Público, contra la directora del concesionario La Venezolana, Angelis Gibelli Quiroz Gutiérrez y ordena en enjuiciamiento de esta ciudadana que permanece detenida en las instalaciones del SEBIN; mientras los demás imputados incluido el presidente de la empresa Jhon Quiroz, se encuentran evadidos de la justicia venezolana, presuntamente en territorio extranjero. Así lo reseña anauco.net
Uno de los casos colectivos que por su gran número de afectados se ha mantenido vigente en la opinión pública desde 2014, es el caso del concesionario de vehículos chinos La Venezolana, C.A. Esta empresa durante los años 2013 y principios de 2014, desplegó en el país una oferta pública de venta de vehículos chinos, apalancada con una agresiva campaña publicitaria que tenía como columna vertebral, el déficit de automóviles existente en el país en un momento en el que existía exceso de liquidez monetaria, es decir, habían muchos potenciales compradores y muy pocos carros para atender esa demanda; la empresa utilizó eslóganes y mensajes que dejaban ver que esta venta obedecía o se acogía a los procesos de importación acordados por el gobierno nacional con el país asiático, para mayor vulneración de la buena fe de los afectados, los stands de venta se instalaban en organismos públicos, muchos de ellos de carácter militar, incluso ferias de automóviles y colocaban en esos puntos de venta consignas políticas a favor del pueblo y del sistema de gobierno. De esta manera el Concesionario La Venezolana, logró comprometer la venta con más de cinco mil familias venezolanas, recibiendo de ellas altos porcentajes de los precios de venta de los vehículos, hasta que, para sorpresa de las víctimas, altos funcionarios de gobierno aclararon públicamente que se trataba de una empresa privada, que el gobierno nada tenía que ver con esa oferta, que contrariamente esos vehículos no estaban en el país ni existía ningún trámite de importación al respecto.
Se iniciaron entonces dos procesos paralelamente, por una parte el Presidente de la República ordenó por órgano de la SUNDEE la ocupación de la empresa y designó en gaceta oficial una Junta Administradora Ad-Hoc, otorgándole los más amplios poderes de administración y poniendo a su disposición los activos de la empresa, conformados por cantidades de dinero en bancos nacionales, automóviles, inmuebles, e instruyéndoles para que procedieren por órgano de la Cancillería al aseguramiento de los activos localizados en el extranjero; simultáneamente se inició el correspondiente proceso penal, el cual, pasados dos años comienza a producir sus efectos con esta decisión del Juez 51 de Control, lo que da inicio al juicio respectivo donde los afectados tendrán su representación judicial.
En virtud de haber transcurrido dos años, sin que los afectados fueren resarcidos con la entrega de los vehículos que compraron, sin tener además ningún resultado tangible como producto de la actuación de la junta administradora designada por el Ejecutivo Nacional, los afectados constituyeron una asociación civil denominada Compradores de Vehículos al CLV, A.C., la cual a la fecha a logrado agrupar a más de mil doscientas familias, esta asociación, mediante la representación judicial de ANAUCO, Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, presentó ante la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República, una acción judicial por intereses colectivos y difusos, donde demanda soluciones inmediatas por parte de las juntas administradoras y los organismos públicos facultados, tales como la verificación de los activos de la empresa confiscados, las gestiones con la banca internacional para la localización de los activos en el extranjero, y la intervención de la Cancillería Venezolana ante el cuerpo diplomático de la República Popular de China, para la verificación de presuntas cantidades de dinero pagadas a las empresas ensambladoras de para la fabricación de los automóviles comprados por los venezolanos. Con esta acción ANAUCO plantea que el gobierno nacional realice las actuaciones correspondientes, para que cada ciudadano afectado reciba el vehículo que compró.
Lo que sigue es el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre la admisión de esta importante demanda, todas las familias afectadas esperan con optimismo y esperanza que la instancia judicial emita su decisión en respaldo y protección de sus derechos; ANAUCO además, se ha hecho parte en el proceso penal, en defensa de los afectados y próximamente estará actuando en esa instancia.
Mientras los procesos avanzan, ANAUCO continúa adhiriendo afectados a estas causas a los fines de que todos reciban el amparo de estos procesos judiciales
