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Denuncian persecución ante La Haya y Mercosur

195 casos de detenciones arbitrarias y otros 5.000 de acoso laboral se recopilaron después de los comicios presidenciales del 14 de abril.

Los casos de persecución política ocurridos en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 14 de abril fueron presentados en instanciasde Europa y América Latina. La denuncia de los jóvenes que alegan haber sido detenidos arbitrariamente con ocasión de las protestas en las que pedían el recuento de los votos fue interpuesta ante la Corte Penal Internacional de La Haya, mientras que los casos de los empleados públicos que aseguran haber sido amenazados o despedidos porque se sospecha que no votaron por Nicolás Maduro fue presentada en la Comisión de Derechos Humanos del Mercado Común del Sur.

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que personalmente entregó en el referido tribunal internacional la denuncia de los 195 jóvenes arbitrariamente aprehendidos y posteriormente maltratados por militares.

“Puede que estos hechos no existan para el Estado venezolano, pero sí para los organismos internacionales que investigarán esta situación”, aseveró Romero, en relación con lo expresado por la fiscal general Luisa Ortega, quien aseveró que el Ministerio Público sólo ha recibido 35 denuncias vinculadas con los hechos ocurridos en las protestas postelectorales, de las cuales sólo 2 estarían referidas a posibles maltratos.

Lilia Camejo, miembro del mencionado Foro, explicó que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no prosperan porque existe conflicto de intereses. “La fiscal que fue asignada para oír las denuncias de las personas agredidas (Nohelia Hernández) es la esposa de un mayor que reporta en el Destacamento 47 de la GN en Lara, donde fueron cometidos muchos de estos abusos a menores. Es bueno, señora fiscal, que usted reconsidere la asignación de los fiscales que están haciendo estas investigaciones”, dijo.

Camejo repudió que la fiscal haya señalado que hubo quienes “instigaron a denunciar” a los jóvenes.

“Por favor, díganos dónde está consagrado ese delito”, le dijo a la funcionaria a través de los medios. Denunció que las ONG son asediadas por el Sebin.

El diputado Alfredo Ramos entregó a la Comisión de Política Interior de la AN un informe, con testimonios de 80 personas, sobre las  violaciones a los derechos humanos y torturas cometidas contra detenidos en Lara luego del 14A.

Empleados públicos. La Mesa de la Unidad Democrática presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur cerca de 5.000 denuncias relacionadas con hostigamiento y persecución política a empleados públicos luego de las elecciones del 14A.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD, Delsa Solórzano, aseguró que se resguardó la identidad de los trabajadores del Estado para evitar represalias. Informó que las denuncias también se llevaron a los tribunales nacionales correspondientes y a la Inspectoría del Trabajo.

Solórzano dijo que los casos de persecución también se presentarán ante las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país y el mundo. “Vamos a llevar todos estos casos a las debidas instancias nacionales e internacionales, incluida la Organización Internacional del Trabajo. Los delitos de lesa humanidad no prescriben”, dijo la diputada.

Aseguró que todos los casos están debidamente sustanciados. Aclaró que según las leyes venezolanas el único requisito para ser empleado público es cumplir con las funciones inherentes al cargo.

Los casos Les piden que les muestren sus teléfonos celulares para encontrar algún indicio y les solicitan las claves de sus cuentas de Twitter y Facebook para ver alguna foto o comentario que pueda demostrar que votaron por Henrique Capriles Radonski el 14 de abril. Estos y otros casos de hostigamiento y persecución política llenan el expediente de más de 5.000 denuncias de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD.

Por la presunción de marcar el rostro de Capriles en el tarjetón electoral o por tomarse una foto con el ex candidato presidencial fueron despedidos trabajadores de la Asamblea Nacional, del Seniat, del Banco Agrario, del Banco Bicentenario, de la Fiscalía, de Pdvsa, de la Gobernación de Vargas y del Ministerio del Servicio Penitenciario.

Rafael Navarro es un Comunicador Social que fue despedido del Ministerio Público por causas políticas. En la rueda de prensa de la MUD mostró su carnet que tiene un número con el que supuestamente se podría saber por quién votó el 14A. Saludó a los funcionarios públicos que se mantienen en sus puestos de trabajo a pesar de esas amenazas y del hostigamiento. “La Fiscalía se ha convertido en un ente al servicio de esta supuesta revolución”, deploró.

Jennifer Zacarías tiene un bebé de un año y fue despedida de su empleo por la presunción de que apoyó a Capriles, aseguró el abogado de la Comisión de DD HH de la Mesa de la Unidad Democrática, Rafael del Rosario. “No les importó el fuero maternal ni la inamovilidad laboral. También hay casos de mujeres embarazadas o personas que se encontraban de reposo médico y recibieron las amenazas o fueron despedidos”, explicó.

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