Presidente venezolano pedirá «poderes especiales» para cambiar leyes contra la corrupción
CARACAS, (AFP) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que pedirá poderes especiales al Parlamento para reformar leyes que permitan combatir la corrupción, una lucha que considera de «emergencia nacional» pero que la oposición denuncia como persecución política.
«Yo como presidente y jefe de Estado voy a llamar a una emergencia nacional en la lucha contra la corrupción y voy a pedir poderes especiales para ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad para ir a un combate a fondo», anunció Maduro, durante un acto con jóvenes en Caracas.
Maduro, quien desde que asumió el poder en abril ha levantado la bandera contra la corrupción de cualquier color político, echará mano por primera vez de poderes especiales, como los que usó su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez, para profundizar la revolución socialista.
«Si es necesario fortalecer el articulado anticorrupción en la Constitución lo vamos a hacer. Si es necesario cambiar todas las leyes que hay que cambiar para enfrentar la corrupción lo vamos a hacer», agregó Maduro.
«Una olla podrida»
El mandatario pidió apoyo a los jóvenes para esa lucha, incluidas «acciones de calle», y a todos sus seguidores estar «atentos» a denuncias que se harán en los próximos días: «Una putrefacción total desde el punto de vista humano, espiritual, ético, de quienes dirigen la derecha venezolana», afirmó.
Se destapó «una olla podrida en el financiamiento de la derecha fascista venezolana», subrayó el mandatario, sin dar mayores precisiones sobre los cambios que pretende hacer en la leyes.
La oposición, quien siempre criticó estas facultades especiales, acusando a Chávez de concentrar el poder, cuestiona el combate a la corrupción que impulsa Maduro, al dudar de que caigan «peces gordos» y asegurar que se trata de una cacería de brujas.
La corrupción se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el gobierno y la oposición, liderada por el gobernador de Miranda (norte) Henrique Capriles, quien desconoce su derrota ante Maduro por apenas 1,49 puntos porcentuales en las elecciones del 14 de abril.
El último episodio de la confrontación fue la decisión que tomó a mediados de julio, en un encendido debate, la Asamblea Nacional de despojar de inmunidad al opositor Richard Mardo, a quien el gobierno acusa de blanqueo de capitales y defraudación tributaria.
Mardo es el segundo diputado del partido de Capriles investigado por corrupción, en tanto que la semana pasada la fiscalía dictó orden de captura, aún ejecutada, contra Oscar López, director del despacho de la gobernación de Miranda por presunta legitimación de capitales, defraudación fiscal y asociación para delinquir.
Otros dos gobernadores opositores son indagados y el dirigente Leopoldo López y su madre están bajo investigación por supuestas anomalías cuando trabajaban en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) hace 15 años.
Polémicos poderes
Según establece la Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez, los poderes especiales, que deben ser aprobados por la Asamblea Nacional -de mayoría oficialista- y por un tiempo definido, facultan al presidente a dictar decretos con fuerza de ley, sin requerir el aval del Parlamento.
Chávez, fallecido en marzo pasado de cáncer tras gobernar desde 1999, utilizó poderes especiales para legislar en 2000, 2001, 2008 y 2010, periodos en los que aprobó por decreto unas 200 leyes.
En virtud de esos poderes adoptó leyes sin debate con diversos fines como la nacionalización de la industria del oro, fundación de un banco agrícola estatal, creación de dos programas sociales y –las más polémicas– para fijar los precios de todos los productos y reformar las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el mandatario dictó una polémica ley del Trabajo y decretos para dar más protagonismo en las Fuerzas Armadas a unas milicias que dependen directamente del Ejecutivo, y reformar el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
