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El desarme sí paga

 

 

Caracas.- Se apuesta a que muchos de los venezolanos armados irán por cuenta propia a entregar su pistola, su rifle, su revólver. Que su voluntad será la que sacará a miles de balas de las calles. Que la decisión personal de cada uno de ellos constituirá un ingrediente determinante en la gran solución.

Lo llamaron “Plan nacional de canje de armas y municiones por oportunidades” y es la gran novedad de la “Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme”, sancionada la semana pasada y que entrará en vigencia en los próximos días.

La norma duró más de dos años en discusión en la Asamblea Nacional (AN). Es una de las pocas aprobadas por unanimidad por todos los factores del parlamento. En líneas generales, recoge varias de las medidas ya puestas en marcha por el Ejecutivo: la prohibición de porte de armas en lugares específicos y el marcaje de municiones, por ejemplo. También acorta la vigencia de los permisos y aumenta las sanciones para los delitos vinculados con armamento, con varios agravantes para las faltas cometidas por funcionarios policiales. Y trae consigo este plan, inédito en el país.

Los diputados tardaron más de 24 meses en terminar la ley, pero al final decidieron dejar los detalles del programa en manos del Ejecutivo, al cual le toca dictar el reglamento con todos los lineamientos. Debería estar listo en menos de 90 días, informaron los parlamentarios. Hasta el momento, sólo hay pistas de lo que vendrá.

Culpas perdonadas

Los diputados Juan Carlos Caldera (Primero Justicia – MUD) y Elvis Amoroso (Psuv), ambos de la Comisión de Política Interior de la AN, reconocen que el plan de canje es el corazón de la ley. Explican que hay dos puntos que ya han sido aclarados: las garantías y su financiamiento.

La legislación contempla una amnistía en favor de quienes decidan entregar voluntariamente su arma: el Estado no investigará a la persona (será un procedimiento anónimo) ni se someterá a averiguaciones el arma, que será destruida al poco tiempo. “La idea es que el voluntario se sienta tranquilo de que no será perseguido por la justicia. Que su aporte no traerá ninguna consecuencia legal en su contra”, apunta Caldera.

La crítica de entrada que se la hace a esta iniciativa tiene que ver con la impunidad: al destruirse el arma sin realizarle las pesquisas de rigor, se destruye la principal evidencia de los crímenes cometidos con el artefacto. Al entregar el arma, la persona podría librarse de sus delitos, de sus culpas.

Pero el país atraviesa una situación extrema y por eso se aplican medidas extremas, resalta Caldera. De todas formas, recuerda, ya más de 90% de los delitos cometidos en Venezuela quedan impunes, de acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio Público de 2011 (la última vez que se publicó el dato).

¿A cambio de qué?

Para conseguir el dinero que levantará el proyecto, la ley ordena la creación de un fondo que se alimentará entre 5 y 10% las ganancias anuales obtenidas por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), la única empresa en la nación dedicada a la fabricación e importación de armamento y municiones en el país. También el financiamiento vendrá de las multas estipuladas en la norma y de otras partidas dictadas por el Ejecutivo.

Con este dinero se costearán los beneficios que recibirán las personas que se desprendan de su arma. Es un toma y dame. El diputado Amoroso aclara que esto se especificará en el reglamento, pero ya en la mesa se manejan varias opciones: cupos de estudios en universidades, becas trabajos, programas de rehabilitación, entre otras.

La Comisión Presidencial para el Desarme (creada en 2011) realiza una encuesta sobre este punto en su página Web. En ella habían participado hasta este jueves 13 de junio un poco más de 7 mil 800 personas. La comisión ofrece diez posibilidades respuestas, entre ellas: entradas para juegos de fútbol o béisbol, tickets de alimentación por un año, bonos para canjear electrodomésticos o computadoras, o cheques al portador equivalentes al valor estándar del arma (ver resultados en el cuadro).

La idea, al final, es hacer esta oferta lo más atractiva posible para el delincuente o para cualquier persona que tenga un arma. El plan es convencerlos. En palabras de Amoroso: “Es darle una oportunidad a los malhechores que quieran cambiar su vida y salirse del mundo de la violencia”.

El ejemplo vecino

La experiencia dice que sí funciona. Venezuela tiene la ventaja de estar recorriendo un camino que ya varios países de la región llevan rato transitando con éxito.

El caso que se toma como principal referencia, tanto por los parlamentarios como por la Comisión Presidencial para el Desarme, es el de Brasil.

El gobierno brasileño, en un trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales (como Viva Río), dio inicio en 2004 a un plan de entrega voluntaria que ha recogido hasta el momento cerca de 600 mil armas.

También se aplicó, como se quiere en Venezuela, una estrategia basada en incentivos económicos y sociales. Se reportaron casos en los que familiares de los delincuentes (madres, esposas, hijas) eran quienes entregaban el armamento. 

El estimado de armas que circulan en Brasil es de casi ocho millones, de acuerdo con un estudio del Instituto Sou da Paz publicado en 2010. Quiere decir que en seis años se logró recoger con el plan cerca de 8% de todo el armamento en manos de civiles.

En Argentina sucedió algo parecido. Desde 2007 y hasta el año pasado, el plan voluntario de armas había sacado de circulación cerca de 120 mil armas, lo que representa 10% del armamento total en manos de civiles, según el Registro Nacional de Armas de ese país.

El criminalista Fermín Mármol García reconoce que puede parecer poco: “Pero cualquier iniciativa que logre sacar al menos un arma de la calle, ya es un gran logro. Es una herramienta menos para el crimen”.

El “Mapa de la Violencia 2013” de Brasil, publicado en marzo pasado por el diario brasileño “O Globo”, la tasa de homicidios por armas de fuego cayó de 22,2 por cada 100 mil habitante a 20,4 entre 2003 y 2010. Pero en ciudades críticas como Río de Janeiro, estos crímenes tuvieron un bajón de más de 43% entre 2000 y 2010.

Mármol García recuerda una tesis que indica que cada arma de fuego cobra al menos una vida.

En Venezuela, según un informe publicado por la Comisión Presidencial para el Desarme el año pasado, circulan cerca de 1,2 millones de armas de fuego. Si el resultado en Venezuela llega a parecerse al de Argentina o Brasil, el plan voluntario lograría sacar de las calles entre 96 mil y 120 mil armas en los próximos años. Si se aplica eso de un arma por cada vida, se estarían poniendo bajo resguardo a cientos de miles de venezolanos.

Un plan piloto que no arrancó

La Comisión Presidencial para el Desarme anunció en marzo de 2012 que iniciaría en Caracas un plan piloto de entrega voluntaria de armas. Tres fueron las parroquias escogidas: La Pastora, La Vega y Sucre. Pablo Fernández, ex secretario de la comisión y actual director del Servicio de Policía, informó que en estas comunidades se realizaron estudios de percepción de violencia y se adelantó la posible instalación de puntos de canje de armas por beneficios.

Explicó que al final no se puso en marcha el programa porque la Ley para el Desarme demoró mucho más de lo esperado: “Hacía falta para darle la base legal necesaria a ese proceso”. Fernández señaló que la experiencia sirvió para pulsar la iniciativa de la gente: “Hay una expectativa real en las comunidades respecto a este tema y sobre todo en muchos jóvenes que están a la espera de que se concreten los procedimientos del canje para entregar sus armas y reorientar su vida fuera de la delincuencia”.

322 mil 347
Armas de fuego han sido incautadas y destruidas en Venezuela entre 2003 y 2012, según el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

En la mira están justos y pecadores

Pablo Fernández es uno de los cerebros detrás del plan de desarme en Venezuela. Fue secretario de la Comisión Presidencial para el Desarme, creada en mayo de 2011, que realizó en total 15 investigaciones sobre el tema. De esta instancia salió un proyecto de ley, que al final se fusionó con uno trabajado en la Asamblea Nacional, y que terminó de configurar la ley que se sancionó la semana pasada.

Fernández sigue en la primera línea del frente de batalla: de la comisión pasó a ser director general del Servicio de Policía. Defiende que el desarme debe ser total. Sobre el plan voluntario de entrega de armas, dice que la clave está en quitarle el arma al delincuente pero, a la vez, darle opcionespara que no se devuelva por el camino de las balas.

-¿Qué tipo de incentivos se han estudiado para la entrega voluntaria de armas? 
-A través de la web de la Comisión Presidencial para el Desarme (www.comisionpresidencialdesarme.gov.ve) se realizó una encuesta a fin de validar propuestas de incentivos que fueron analizadas previamente y consideradas sobre la base de experiencias de otros países. A todas luces, la propuesta que impulsamos desde la comisión es la que ha contado también con mayor apoyo de la gente e incluso de los posibles beneficiarios del canje que han sido consultados, especialmente jóvenes transgresores.

– ¿Hay algún pronóstico de cuántas armas se podrían recoger con el plan? 
-No tenemos una expectativa en términos numéricos. Lo que nos interesa es que el proceso (que será permanente, como política de Estado definida en la ley) permita que progresivamente salgan de circulación el mayor número de armas posibles, tanto legales como ilegales. Pero esto será factible si se entiende que la política de desarme tiene un componente social fundamental, en lo que se refiere al desarme de bandas delictivas (específicamente juveniles). Si esos jóvenes transgresores que entregan las armas no reciben a cambio elementos que les permitan reconstruir un proyecto de vida sano y positivo con estudio y trabajo digno, será difícil que no vuelvan a armarse. Y esto, además, sin que se entienda como la generación de impunidad, pues habrá que evaluar la condición penal en que se pudiesen encontrar muchos de ellos.

-¿Algún otro punto que se deba tomar en cuenta para el éxito del plan?
-El desarme de los sectores de clase media o populares que portan armas legales debe lograrse generando conciencia sobre los riesgos reales y las consecuencias terribles que traen las armas en el hogar y en la vida de la gente. Ese debe ser un elemento que ayude a que estos otros sectores entreguen también sus armas. Recordemos que el desarme al que apostamos es un desarme total de la población y no sólo de uno u otro sector.

-¿En cuánto tiempo podría estar operativo el plan de entrega voluntaria? 
-Dependerá de los lapsos que defina el órgano competente. La ley establece responsabilidades claras. Los reglamentos deberán definir también plazos específicos.

 

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