CIDH: Ortega ha instaurado un estado policial en Nicaragua para afianzar su poder
EFE/foto referencial
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha instaurado un estado policial y ha suspendido los derechos y las libertades fundamentales en el país centroamericano con el fin de afianzar su poder, que ostenta desde 2007, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgado este jueves en Washington.
En 2023, la CIDH constató la persistencia de una fase represiva en Nicaragua que busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basada en la instauración de un estado policial y la suspensión efectiva de los derechos y libertades fundamentales que hace parte del espacio cívico de ese país, según el informe.
En ese sentido, el organismo advirtió que en Nicaragua no existen condiciones propicias para que la sociedad civil pueda participar de manera libre y segura en la vida social, política y religiosa, debido a que «el espacio cívico y democrático se encuentra cerrado».
En 2023, la CIDH observó la persistencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, incluso bajo nuevos patrones de represión como la expulsión del país y la privación arbitraria de la nacionalidad.
Dichas violaciones a los derechos humanos son posibles en un contexto marcado por el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la instrumentalización del aparato estatal para la represión y persecución política, religiosa y de cualquier persona considerada opositora, señaló.
Asimismo, la CIDH constató la persistencia de una práctica de detenciones arbitrarias y el empleo de la privación de la libertad para mantener un clima de miedo en la población, censurar cualquier expresión de disenso, tanto en el espacio físico como digital e, inclusive, para perseguir las expresiones de fe y prácticas de la religión católica.
«La falta de independencia del sistema de administración de justicia posibilita procesos judiciales y la imposición de sanciones penales incompatibles con un régimen democrático», indicó.
Según el informe, la perpetuación del estado policial y las detenciones arbitrarias, en un contexto del cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, el exilio y el destierro de líderes, lideresas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, «ha acentuado un clima de autocensura entre la población y el temor a denunciar violaciones a derechos humanos por miedo a represalias».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde el estallido social de abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos.
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