Primera ofensiva económica no calmó presiones inflacionarias | 800Noticias
800Noticias
Economía

A cinco meses del “Dakazo”, el Ejecutivo se prepara la segunda parte de la Ofensiva Económica, un plan lanzado en noviembre del año pasado con el que las autoridades esperaban una reducción generalizada de los precios.

Será este martes 22 de abril cuando el Presidente Nicolás Maduro inicie esa nueva fase que buscará, al igual que la anterior, impulsar la producción y estabilizar los precios para combatir la denominada “guerra económica”.

El intendente de Precios Justos, Luis Motta Domínguez, dijo esta semana pasada que el relanzamiento del operativo enfocará su atención en cinco rubros, pero no dio detalles sobre cuales serán.

Desde noviembre del año pasado se han aplicado medidas que buscan frenar el ascenso de la inflación, pero el resultado logrado no imprime optimismo para esta nueva acometida. Entre noviembre de 2013 -cuando se inició la primera ofensiva económica- y febrero de este año los precios acumulan un avance de 13,3%, de acuerdo a los datos del Banco Central de Venezuela (BCV). Contrasta con el registro del mismo período anterior cuando, sin ofensiva económica, la inflación acumulada en esos cuatro meses fue de 11,1%.

“Vamos a cambiar todo el sistema de fijación de precios”, dijo Maduro el 11 de noviembre del año pasado, a días de iniciar un intenso operativo de fiscalizaciones a comercios que se extendió hasta enero, pese a que las autoridades prometieron que no tendría final.

El dato oficial señala una escasez histórica de 28% en enero, que se disparó desde el 22,2% que registraba un mes antes. Ese fue el último dato que se publicó de ese indicador.

Tareas pendientes

Desde entonces, el Ejecutivo ha contado con poderes extraordinarios que permiten al Presidente Maduro dictar las leyes que considere necesarias. Una de ellas fue la de precios justos que, además, impone un control a las ganancias de las empresas. También surgieron como una necesidad para hacerle frente a la “guerra económica” la normativa que controla los precios de los alquileres comerciales y otra más para los vehículos.

En estos dos últimos casos, a la aprobación de las normas debía proseguir la promulgación de las leyes definitivas para sentar las bases de la regulación por la vía habilitante, pero ello no ha ocurrido.

En el caso de los carros, el incumplimiento legal va más allá: ni siquiera se fijaron los precios justos de los vehículos, acción que debía tomarse, a más tardar, el 24 de diciembre del año pasado. Pasaron ya casi cuatro meses desde el plazo de una medida que estaba planteada como algo preliminar, pues las autoridades habían anunciado que ese decreto daría paso a la promulgación de la ley para regular la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados nacionales o importados que fue aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 2013.

En cuanto a los centros comerciales, a finales de noviembre pasado el mandatario nacional aprobó un régimen transitorio que estableció un valor máximo de 250 bolívares por metro cuadrado para los locales destinados a las actividades comerciales.

Esta medida ha ocasionado que los centros comerciales adecuen sus costos y, como consecuencia, reduzcan sus horarios de atención al público.

De la ofensiva al PAP

Maduro había señalado el 13 de noviembre del año pasado que todos los sectores serían fiscalizados. Se realizaron operativos que dejaron como saldo la detención de una treintena de gerentes y encargados de tiendas, algunas de las cuales luego firmaron acuerdos de precios justos con el mandatario nacional.

“Si necesitan aprobación de divisas para aumentar producción y crecer, estamos listos”, dijo Maduro a los representantes de las empresas RS21, Nike, Converse, Adidas, Farmatodo, Farmahorro, Locatel, Everlast, Oakley, Skechers, Volpe y Vita Kids a fines de marzo pasado.

En aquella época Maduro también llamó a las milicias y al poder popular a ayudar a las autoridades a detener a los comerciantes que reincidieran en la usura y en la especulación, prometió ayudar a las empresas afectadas por las fiscalizaciones y reducciones obligatorias de precios a reponer sus inventarios y creó una comisión para investigar las irregularidades en la entrega de dólares a través de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy transformada en Cencoex.

Otro compromiso del que se desconocen los resultados es la creación de un fondo para pagar a los trabajadores afectados fiscalizaciones, así como de los procesos adelantados por la fiscalía especial que fue creada el año pasado para investigar los crímenes de usura.

Ahora, para la nueva etapa que se iniciará el próximo martes, denominada el Plan de Abastecimiento Pleno (PAP), el Gobierno busca insistir en la fijación de precios justos, al tiempo que busca enfocarse en la producción nacional de insumos requeridos por las empresas no petroleras, según dijo el vicepresidente Jorge Arreaza.

 

Información El Universal

Síguenos por @800noticias