Para la ONU la tortura no solo persigue obtener una confesión
«La tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos, la tortura se emplea para obtener (…) se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza, y, sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo».
La mala interpretación, por parte de algunos sitios web, de estas palabras pronunciadas por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, el sábado al presentar su informe sobre los protestas y disturbios que han sacudido al país en el último mes ha provocado una agria polémica en las redes sociales.
Aún cuando la diferenciación que Ramírez realizó entre estos dos crímenes de lesa humanidad es correcta, especialistas en la materia consideran que la misma se quedó corta a la luz de instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas.
«El concepto de tortura no se refiere solamente a los daños físicos y psíquicos que realizan funcionarios públicos para obtener una confesión», advirtió la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega.
Ciertamente el artículo 1 del tratado suscrito por Venezuela en 1985 y ratificado en 1991 establece que tortura es «todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas».
Asimismo la activista aseveró que las denuncias formuladas por distintas organizaciones de Derechos Humanos y algunos detenidos en las manifestaciones en relación a que sus captores los golpearon con sus armas, con cascos o porras; que les ordenaron estar durante horas con los brazos extendidos; que les echaron gasolina; o que los tuvieron aprehendidos en espacios sin baño y hacinados durante hasta 48 horas son algunos de los «métodos de tortura» recogidos en el Protocolo de Estambul de la ONU.
El texto antes mencionado fue aprobado en 1999 y es una guia para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar casos de posible tortura, y para reportar los hallazgos a los órganos jurisdiccionales.
Como si fueran miles
Ortega criticó la comparación que la Defensora realizó del saldo de víctimas dejado por la represión militar y policial de este mes de protestas con el que arrojó el Caracazo.
«No es admisible comparar las violaciones de Derechos Humanos. Las violaciones de Derechos Humanos no se pueden medir por el número de víctimas», afirmó, al tiempo que recordó: «Una violación a los Derechos Humanos ocurre cuando un funcionario se aparta del deber ser, pero esa violación se vuelve sistemática cuando el Estado invisibiliza esos casos y no los investiga ni sanciona a sus responsables».
Como ya lo hiciera al conmemorarse el 25 aniversario del Caracazo, Ortega lamentó que el país esté viendo imágenes y escuchando relatos de abusos muy similares a los de 1989; y atribuyó esto a que las autoridades no aprendieron las lecciones del pasado.
«El control del orden público en estas manifestaciones no ha sido el idóneo. Si se hubiera acatado la hoja de ruta que trazó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias sentencias, el control de las manifestaciones se haría sin sacrificar los Derechos Humanos», concluyó.
Fuente: EL UNIVERSAL
