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Nuevo golpe de Correa a la prensa privada ecuatoriana

 

 

La libertad de expresión perdió ayer una pequeña batalla, cuyas consecuencias pueden ser más grandes para Ecuador. El país gobernado por Rafael Correa y la revolución ciudadana, aprobó ayer, en una última votación, la Ley de Comunicación. En una sesión en la que no hubo debate, el oficialismo, junto a 10 votos, derrotó a la oposición de una manera arrolladora: 110 votos contra 25.

El Gobierno defiende esta ley como una necesaria regulación de la comunicación en el país, y la prensa privada y múltiples organizaciones internacionales la critican por recortar la libertad de expresión. Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa el Comité para la Protección de Periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Reporteros sin Fronteras son algunos de los que han dado la batalla contra la deriva de Correa hacia los medios privados. Sus críticas lograron que no se aplicara la sentencia de 40 millones de dólares al diario «El Universo», cuando Correa decidió indultarlo, pero no han logrado frenar una ley que lleva gestándose desde que el actual presidente alcanzó el poder y que, según sus propias palabras, ha sido «bloqueada» una y otra vez por la «prensa corrupta».

Algunos puntos polémicos de esta ley son el establecimiento de un consejo de regulación formado por cinco personas procedentes de órganos controlados por Gobierno que tienen la capacidad de valorar los contenidos que se publiquen o emitan en los medios, según el principio que impone la ley: un acceso a una información verificada, contrastada, contextualizada y oportuna. Estos criterios, junto a otras disposiciones deontológicas, son demasiado amplios, según los críticos.

La ley ha experimentado también cambios desde el proyecto inicial, como el incluido el pasado mes de mayo, que contempla la creación de una Superintendencia de Comunicaciones. La superintendencias son órganos creados para controlar sectores como las telecomunicaciones o la banca y su función principal es la de sancionar los incumplimientos en estas áreas, consideradas como servicios públicos. Esto, para los miembros de la oposición supone una grave mutilación a la libertad de expresión, pues esta deja de considerarse un derecho fundamental para pasar a ser un servicio con control del Estado.

Las consecuencias

Según el periodista y presidente de la ONG Fundamedios, César Ricaurte, la superintendencia supone un grave peligro al ser una autoridad nombrada directamente por el presidente. Para Ricaurte, la ley «consagra el control del Gobierno sobre los medios de comunicación». Las consecuencias de la ley, de la que todavía se desconoce su fecha de entrada en vigor, pueden ser la autocensura en los medios y la multiplicación de sanciones que vengan desde el consejo de regulación por valoraciones arbitrarias, según el periodista.

Por otro lado, Correa, insistió en una intervención el jueves, un día antes de la votación, en la necesidad de la ley. «Es tan pertinente esa nueva ley de comunicación que impida tanto abuso, tanto atentado a la independencia judicial, tanta manipulación…».

La ley contempla como principios fundamentales la prohibición de la censura previa, la cláusula de conciencia para los periodistas y la distribución igualitaria de las frecuencias de radio y televisión para medios privados, medios estatales y medios comunitarios o indígenas. La aplicación, sin embargo, es lo que preocupa a los opositores.

El jueves pasado se registró un nuevo episodio de esta lucha entre el Gobierno y los medios privados: el diario quiteño «Hoy» fue demandado por el titular: «Correa califica de novelería el matrimonio homosexual» por haber tergiversado las declaraciones del presidente sobre este tema. El periódico, sin embargo, se defiende, y asegura que el titular fue de acuerdo a una nota de una agencia. La pelea, ahora con la nueva ley, va para rato.

 

Información ABC

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