Juicio en España contra Greenpeace y un fotógrafo por protesta antinuclear
Madrid, España | AFP | Dieciséis militantes de Greenpeace y un fotoperiodista se arriesgan a más de dos años de prisión tras una protesta en 2011 en una central nuclear, en un proceso abierto este jueves en Valencia (este de España), el más duro contra la ONG en ese país.
Los activistas y el fotoperiodista Pedro Armestre, colaborador habitual de la AFP, están acusados de delitos de desórdenes públicos y lesiones contra cinco guardias de seguridad.
Para el primer delito, la fiscalía reclamó dos años de prisión y para las lesiones, ocho meses más.
Nunca los militantes de esta ONG se enfrentaron a penas tan duras en España, declaró su abogado desde hace 24 años, José Manuel Marraco. Además, Greenpeace podría llegar a pagar una multa de 357.000 euros.
Los hechos juzgados se produjeron el 15 de febrero de 2011 cuando una treintena de militantes de esta ONG de defensa del medio ambiente penetraron en las instalaciones de la central nuclear de Cofrentes, cerca de Valencia, propiedad de la compañía Iberdrola.
Greenpeace protestaba contra la prórroga del permiso de explotación de esta central, la más potente de España y con casi 30 años de actividad. En 2013, generó un 14,7% de la producción eléctrica de origen nuclear en el país y casi un 5% del total de electricidad producida.
«Peligro nuclear»
A las 6H20 de ese día, una quincena de los activistas treparon rápidamente por una de las torres de refrigeración, de una altura similar a la de un edificio de 50 plantas. Armestre también participó en la escalada para tomar imágenes de la protesta.
En la torre, donde se quedaron colgados varias horas, los activistas escribieron con enormes letras de color negro «Peligro nuclear». La incursión motivó una alerta de urgencia y la movilización de un centenar de miembros de la guardia civil, según las requisiciones de la fiscalía consultadas por la AFP.
Según la fiscalía e Iberdrola, en su intrusión los militantes se enfrentaron a guardias de seguridad hiriendo con levedad a cinco. Uno de ellos, según estas fuentes, presentaba un corte al nivel del abdomen hecho por una radial en marcha, en principio utilizada para cortar las vallas que rodean la central.
Greenpeace asegura que esa herida fue provocada por el alambrado que protege la instalación.
La ONG insiste además en que según el artículo 45 de la Constitución española todos los ciudadanos «tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado» así como «el deber de conservarlo».
Armestre, de 42 años, premiado en numerosas ocasiones por su trabajo, especialmente con el galardón Ortega y Gasset de periodismo gráfico 2014, explicó por su parte que él solo hacía su trabajo de periodista.
«Lo que quieren es tapar los ojos de quien quiere mostrar», declaró a la AFP, subrayando que la intrusión también demostró la inseguridad de la central que podia perfectamente haber sido atacada «por maleantes».
El proceso está previsto hasta el 11 de diciembre. Iberdrola declinó hacer declaraciones al respecto.
Para movilizar apoyos a favor de los activistas, Greenpeace desplazó a Valencia uno de sus navíos mas conocidos, el Arctic Sunrise, que hasta la anterior semana estuvo bloqueado por las autoridades españolas en Lanzarote (Islas Canarias), tras un accidente con lanchas de la Armada en una protesta contra las prospecciones petrolíferas iniciadas en las costas de ese archipiélago.
En 2013, la embarcación había sido requisada por las autoridades rusas tras una acción contra una plataforma de Gazprom en el círculo ártico.
El proceso movilizó a numerosas asociaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, SEO Bird Life o WWF, que criticaron en un comunicado conjunto la petición de penas «desproporcionadas».
«Recuérdese que unas semanas después (en marzo de 2011) tuvo lugar el gravísimo accidente de Fukushima, una central nuclear con una tecnología similar a la de Cofrentes», indicaron.
El último proceso contra Greenpeace por una intrusión en una central nuclear fue en Colmar (noreste de Francia). En septiembre 55 activistas fueron condenados a dos meses de prisión aunque, al ser una pena leve, no se aplicará.
