Exministra española alcanzada por un escándalo que sacude a la izquierda
MADRID, (AFP) – La exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez, a la que la justicia impuso una fianza civil de 30 millones de euros, se encuentra en el centro de un vasto escándalo de malversación que hace temblar a la izquierda española.
El partido socialista de Andalucía, en el sur de España, es investigado por la justicia desde principios de 2011 por presunta malversación, entre 2001 y 2010, de millones de euros de fondos públicos de ayuda a empleados y empresas afectados por Expedientes de Regulación de Empleo.
Según la prensa española, las cantidades malversadas podrían alcanzar más de 140 millones de euros.
La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, impuso el miércoles a Alvarez una fianza civil de 29,568 millones de euros por su presunta participación como consejera de economía del gobierno regional andaluz –del 2 de agosto de 1994 al 7 de febrero de 2004– basándose en el monto de las ayudas efectivamente pagadas a empleados y empresas entre 2001 y 2004, estimado en 177,4 millones de euros.
Conocido como «caso de los ERE», y convertido en uno de los símbolos de los numerosos escándalos de corrupción en formaciones políticas, cada día hace correr ríos de tinta en la prensa española junto al «caso Gürtel», nombre de una presunta trama corrupta sospechosa de haber participado en la financiación del conservador Partido Popular del jefe del gobierno Mariano Rajoy.
Álvarez, ministra de Fomento de 2004 a 2009 y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, brazo financiero de la Unión Europea, ya había sido imputada el 2 de julio, junto a una veintena de personas, por «prevaricación y malversación» en este caso por Alaya.
La magistrada intenta descubrir si una parte de estas cantidades podría haber sido destinada de forma fraudulenta a personas o empresas cercanas al partido socialista andaluz que no se vieron afectadas por los ERE, o pagadas en forma de comisiones a intermediarios o sindicatos como UGT y CCOO, las dos grandes centrales españolas.
Afirmando su «total inocencia», Álvarez anunció que recurrirá esta «medida a todas luces desproporcionada». Y subrayó, en un comunicado, que la jueza «reconoce» que «el uso que le dio la consejería de empleo a estos fondos públicos, no era responsabilidad» suya.
Los principales sospechosos en este escándalo son el exconsejero de Empleo del gobierno regional andaluz, Antonio Fernández, y Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo.
