Bachelet inicia diálogo con indígenas para integrarlos políticamente
SANTIAGO (AFP) – La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inició este martes un proceso de diálogo de seis meses con diversas comunidades indígenas como parte del proceso de su institucionalización e integración política en el país.
La mandataria anunció la creación de un nuevo ministerio de Asuntos Indígenas, el Consejo de Pueblos Indígenas y el ministerio de Cultura y Patrimonio, reconociendo la deuda histórica del Estado chileno con esta comunidad.
«Estamos en el momento para ampliar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas en Chile», afirmó la mandataria, durante la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que coincide con los festejos del año nuevo mapuche (We Tripantu).
«Así como hoy empieza un nuevo ciclo de sol es también una oportunidad que como sociedad iniciemos un nuevo ciclo en nuestras relaciones interculturales», afirmó la mandataria.
«Han pasado ya casi 25 años desde que recuperamos la democracia, han pasado cinco períodos presidenciales democráticos, diversos, y a pesar de los esfuerzos realizados, aún estamos en deuda con los pueblos originarios», continuó.
La propuesta de institucionalización de Bachelet se articulará en torno a tres pilares: la participación política -con representación en el parlamento chileno- de los pueblos indígenas, la creación de las instituciones mencionadas, así como el fortalecimiento del programa de compra de tierras por parte del Estado.
Estas iniciativas serán sometidas a consulta en los próximos seis meses, de acuerdo al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)sobre pueblos indígenas y tribales.
Los mapuches, la mayor etnia de Chile con unas 700.000 personas, reclaman tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, arrebatadas primero por la ocupación española y más adelante por el Estado chileno, que las traspasó a privados y empresas forestales, una de las mayores industrias del país.
Cientos de indígenas han sido encarcelados y juzgados en la última década acusados de incendios y ocupaciones de predios y una decena ha muerto en operativos policiales, según organizaciones de derechos humanos, que hablan de discriminación y un uso excesivo de la fuerza.
El gobierno de Bachelet se ha comprometido a no aplicar la ley antiterrorista contra mapuches en casos de protesta social.
