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Amnistía Internacional alerta sobre impunidad de las FARC

 

 

 

En su reporte anual Amnistía Internacional (AI) destaca el establecimiento de un diálogo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, la organización advierte sobre dos leyes aprobadas en el país durante 2012.

 

La primera de ellas es la legislación que “otorga al sistema de Justicia militar un mayor control de las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, lo cual amenaza con menoscabar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, ya que muchas de estas vulneraciones fueron llevadas a cabo justamente por miembros de las fuerzas de seguridad, según AI.

 

En segundo lugar, el Marco Legal para la Paz –aprobado para entablar las negociaciones con la guerrilla- también podría “exacerbar la impunidad” en Colombia, dado que permitiría que “los autores de abusos contra los derechos humanos eludan la acción de la Justicia”. Asimismo, AI hace hincapié en que, pese a las conversaciones y a la creciente desmovilización, los guerrilleros de las FARC y del ELN y los paramilitares no mermaron sus ataques.

 

Por otro lado, AI alerta sobre las “amenazas y homicidios” contra personas que intervenían en causas penales relacionadas con los DDHH, como abogados y testigos. “Siguieron sufriendo ataques, amenazas, persecución judicial y robo de información confidencial sobre casos”, indica el reporte. Y añade que en 2012 unos 40 activistas y dirigentes comunitarios y 20 sindicalistas murieron en el país.

 

El extenso informe de Amnistía Internacional –de más de 300 páginas- menciona otros países de la región, sobre los que expresa preocupación por la violación de los derechos humanos.

 

Con respecto a Venezuela, el documento remarca que “a pesar de las iniciativas encaminadas a controlar la disponibilidad y el uso de armas de fuego, el índice de delitos violentos, especialmente de los cometidos con armas de fuego, sigue siendo elevado”.

 

La organización internacional recuerda que el índice de asesinatos en Venezuela es “uno de los más altos de América Latina” y remarca la situación de inseguridad que vive el país. “La violencia en las prisiones sigue siendo generalizada y continúan los motines”, agrega.

 

Por otra parte, AI condena la decisión del fallecido mandatario Hugo Chávez de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual supondrá, para el país, que “las víctimas de violaciones de derechos humanos no podrán presentar denuncias ante el tribunal de máxima instancia del continente americano”.

 

Sobre Cuba, el informe afirma que aumentó la represión del gobierno de Raúl Castro contra periodistas independientes, dirigentes de oposición y activistas de derechos humanos en 2012. “Cada mes se practicaba una media de 400 detenciones de corta duración y eran frecuentes las detenciones de activistas que viajaban a La Habana desde las provincias”, sostiene.

 

De acuerdo con AI, el Gobierno, además, siguió controlando todos los medios de comunicación, y el acceso a información en internet siguió siendo difícil por las limitaciones técnicas y las restricciones de contenidos.

 

Con respecto a Brasil, la ONG internacional denuncia el “elevado” índice de “delincuencia violenta”, al que “las autoridades respondieron a menudo recurriendo a la tortura y al uso excesivo de la fuerza”.

 

“La violencia delictiva se cobró la vida de decenas de miles de personas -con un número desproporcionado de jóvenes negros entre las víctimas- especialmente en el norte y noreste del país”, añade el texto.

 

Sin embargo, elogia la reducción del número de asesinatos en algunos estados, como el de Río de Janeiro, con las unidades de Policía Pacificadora instaladas en las favelas, aunque expresa preocupación por la reducción de la financiación para programas de seguridad ciudadana.

 

Con relación a México, país golpeado por la lucha contra el narcotráfico, AI reclama que las fuerzas policiales y de seguridad han violado de manera “generalizada” los derechos humanos, a la vez que se registraron “detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.

 

Según el reporte, “durante los seis años de Felipe Calderón en la presidencia, más de 60.000 personas murieron y 150.000 se convirtieron en desplazadas por la violencia asociada a las drogas”.

 

Cada año, Amnistía Internacional presenta su informe sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo. El estudio incluye también otros países de la región, como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú.

 

 

Información Infobae

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