Correa: extradición de opositor a Ecuador hará justicia en triple asesinato | 800Noticias
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QUITO, (AFP) – El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo que la extradición del ex diputado opositor Galo Lara desde Panamá permitirá hacer justicia en el caso de un triple asesinato, por el cual el político fue condenado a diez años de cárcel.

“Que bueno que se haga justicia”, dijo el gobernante a la prensa al ser consultado sobre la decisión del martes de la Corte Suprema de Panamá, de rechazar un último recurso del acusado para evitar su entrega.

Añadió que “el caso en el que está involucrado Galo Lara es gravísimo. No es el gobierno el que le acusa, es la propia familia de los tres fallecidos”.

Correa también negó que el ex legislador sea un perseguido político.

La Corte panameña indicó en un comunicado que Lara “queda a órdenes del Órgano Ejecutivo, (al) que le corresponderá tomar una decisión acerca de la solicitud de extradición” presentada por Quito.

Lara, de 46 años, está encarcelado en Panamá, cuya gobierno le concedió asilo en 2013 cuando huyó de Ecuador tras ser condenado a diez años de cárcel por complicidad en el asesinato de tres miembros de una familia, cuya autoría intelectual se atribuyó a su pareja sentimental.

El gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) concedió asilo a Lara al admitir su argumento de que era “un perseguido político” de Correa, a quien acusaba de corrupción.

Sin embargo, se le revocó en mayo pasado el asilo tras recibir documentación de la justicia ecuatoriana en la que constaban “nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes”, según la cancillería panameña.

Lara fue notificado de la revocatoria de su asilo, pero logró escapar, aunque fue detenido el 9 de junio en la provincia de Veraguas (suroeste).

La defensa de Lara asegura que si regresa a Ecuador su cliente será asesinado, por lo que presentó varios recursos a la justicia panameña, todos ellos rechazados.

Además, presentó la semana pasada una querella criminal contra el ex canciller panameño Francisco Álvarez De Soto, quien revocó el asilo, y llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

 

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