El pedófilo español indultado por Marruecos comparece ante un juez de Madrid
MADRID, 6 agosto 2013 (AFP) – El pedófilo español indultado por el rey de Marruecos y detenido en España después de que el monarca alauí revocara su decisión comparece este martes ante un tribunal de Madrid, que debe decidir si lo encarcela mientras estudia su eventual extradición.
Daniel Galván, un hombre de 63 años de pasado confuso y condenado en 2011 en Marruecos a 30 años de prisión por la violación de once menores, fue arrestado el lunes en un hotel de Murcia, en el sureste de España, en virtud de una petición de arresto internacional lanzada el mismo día por el país árabe.
Marruecos reclama su extradición después de haberlo indultado, aparentemente por error, el 30 de julio al recibir desde Madrid una petición de traslado para que cumpliera su pena en una prisión española.
La medida tomada por Mohamed VI levantó una ola de indignación en el país que condujo al soberano a revocar el indulto el domingo en una decisión excepcional.
Según una fuente conocedora del caso, el nombre del pedófilo figuraba en una lista de 30 detenidos españoles en Marruecos para los que Madrid pedía un traslado a cárceles españolas, después de la visita del rey español Juan Carlos a su homólogo marroquí, con el que mantiene una relación muy próxima.
El martes, el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional debe decidir si «ingresa en prisión o queda en libertad, sin ninguna restricción o con medidas cautelares» mientras estudia su posible extradición, indicó una fuente judicial.
Se trata de un caso «un poco extraño», reconoció esta fuente, que podría convertirse en un quebradero de cabeza para la justicia española.
De hecho, el convenio de extradición entre ambos países impide entregar al otro ciudadanos nacionales.
Además, la anulación de un indulto es una situación atípica en España dado que en este país el gobierno no puede tomar este tipo de medida.
Estas cuestiones deberán analizarse en las próximas semanas en la Audiencia Nacional antes de que los tres jueces del tribunal dicten una sentencia sobre la petición marroquí.
Incómodo para la justicia española, el caso Galván también ha creado agitación en la sociedad marroquí, a la que Mohamed VI respondió revocando el indulto y destituyendo al director de la administración penitenciaria por haber transmitido «inadvertidamente informaciones erróneas de la situación penal del interesado».
A medida que crecía el escándalo, varias informaciones se filtraron a la prensa sobre el protagonista, un hombre de pasado oscuro, que habla árabe e identificado por algunos como un espía de origen iraquí que se presentaba a sí mismo como un profesor universitario retirado.
Según El País, Galván explicó a su abogado marroquí que era un antiguo responsable del ejército iraquí que colaboró con los servicios secretos extranjeros para derrocar al exdictador Saddam Hussein durante la intervención militar liderada por Estados Unidos en 2003.
Para este periódico, el nombre de Daniel Galván podría «ser la identidad que le fabricaron los servicios secretos cuando accedieron a sacarle de Irak, le proporcionaron documentación española y le convirtieron en catedrático murciano jubilado».
El pedófilo trabajó de hecho en la universidad de Murcia como becario entre 1996 y 1998 y después fue contratado en el departamento de Relaciones Internacionales entre 1998 y 2002.
Según el periódico conservador El Mundo, Galván, de origen iraquí se instaló en 2005 en Kenitra, en Marruecos, explicando que era un profesor universitario jubilado.
Este periódico asegura que «el tribunal que lo condenó estableció que se aprovechó de los problemas financieros del vecindario» para abusar sexualmente de varios niños.
El escándalo también ha generado malestar en España, donde la Casa Real aseguró no haber participado en la elaboración de ninguna lista de detenidos. En su última visita a Marruecos, explicó un portavoz, el rey Juan Carlos solamente «se interesó por la situación de los presos españoles» en el país.
Una fuente conocedora del caso en Madrid apuntó que el gobierno español transfirió una lista a Rabat con 48 presos, 18 de ellos para que fueran indultados y el resto, entre ellos Galván, para que fueran trasladados a España.
